Uno de los terrenos públicos destinado a zona verde desde 2009 en Rojales se utiliza para la producción de patatas por parte de una empresa agrícola. No es un particular el que se aprovecha de forma puntual la falta de urbanización de la zona -cosas del «boom» inmobiliario y de la crisis posterior-. No es un bancal sin más. Son aproximadamente 20.000 metros cuadrados situados junto al río Segura, en el suelo más fértil. Y los que explota este terreno una empresa agrícola. No existe ni un solo expediente municipal que valide esta práctica, según los datos recabados por INFORMACIÓN.
El terreno lo obtuvo el Ayuntamiento como parcela dotacional después de la reparcelación del sector urbanístico SM-1, aprobado aprobó por decreto de Alcaldía el 6 de julio de 2009. Al contrario de lo que ocurre con los huertos urbanos, que son suelos municipales que utilizan los vecinos para una producción autosuficiente, situados muy cerca de esta parcela, y que al menos tienen el aval de un reglamento municipal, no existe acuerdo alguno por el que el agricultor compense al Ayuntamiento por el uso de un suelo que es de todos los vecinos de Rojales.
Reglamento
De hecho, el reglamento de esos huertos urbanos impone sanciones graves a quien venda su producción en cada una de las parcelas de 30 metros cuadrados a fin de que su único destino sea el autoconsumo. Con los 20.000 metros de aprovechamiento lucrativo situados muy cerca el Ayuntamiento hace la vista gorda, según fuentes municipales. Para los agricultores de la zona, muchos de ellos propietarios que pagan sus impuestos de IBI rústico o el arrrendamiento a otros titulares de tierras, «lo que no es normal es que los mismos propietarios o sus arrendatarios sigan disfrutando de los terrenos y obteniendo rendimientos sin pagar nada al Ayuntamiento». No es una producción residual. Para recoger la última cosecha de patatas de esta zona se desplazaron varios camiones, lo cual causó un gran malestar entre los vecinos.
Tierras
Antes de que estos bancales sucumbieran a la vorágine recalificadora que luego los ha dejado en tierra de nadie, los suelos se arrendaban a los propietarios, primero otros agricultores y luego grandes empresas urbanísticas locales para cultivarlos. Lo habitual en la huerta de la Vega Baja. La práctica se ha mantenido hasta la fecha sin que el Ayuntamiento socialista haya intervenido para poner orden en el uso lucrativo de estos feraces suelos agrícolas. El parque no llega -ni tan siquiera hay perspectiva de se vaya a urbanizar la zona como tal- y el patatal se queda.
El argumento municipal para justificar este tipo de situaciones -esta no es la única- siempre es el mismo: Si el Ayuntamiento regula con un procedimiento público la oferta estos suelos a través de un concurso con un canon público nadie se presenta porque la oferta de bancales para arrendamiento de terrenos agrícolas adyacentes privados es mucho más económica.
El Ayuntamiento «prefiere» que alguien produzca en el suelo público, algo que, dicen, mantiene «la finca pública cuidada», sin coste para la administración. Aunque sea un procedimiento irregular. «Seguro que hay muchos agricultores interesados en "cuidar" la parcela gratis», alegan las mismas fuentes.
