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La Fiscalía pide inhabilitar 9 años al alcalde de San Fulgencio

El Ministerio Público solicitó la apertura de juicio oral y asegura que la entidad se creó después de llegar a la Alcaldía Ramírez (PP)

La Fiscalía pide inhabilitar 9 años al alcalde de San Fulgencio

La Fiscalía instó el pasado mes de febrero la apertura de juicio oral en la Audiencia Provincial de Alicante contra Carlos Ramírez (Partido Popular), quien es el alcalde de San Fulgencio desde 2011 y que en mayo comenzó su segundo mandato. Por los hechos que le imputan, una prevaricación administrativa, le solicita una pena de 9 años de inhabilitación para cargo público, causa que también se dirige contra Pascual Sempere y Antonio Irles, este último como supuesto cooperador necesario del delito, para los cuales pide la misma pena de privación de derechos.

En 2011 los tres formaban parte de la lista electoral: Carlos Ramírez, como cabeza de lista; Pascual Sempere, como número 2; y Antonio Irles como suplente. Tras tomar posesión de la Alcaldía el 11 de junio gracias a un pacto con un partido independientes, Ramírez nombró a Sempere como concejal de Deportes; mientras, Antonio Irles constituía el 18 de julio el Club de Fútbol Sporting San Fulgencio sin ánimo de lucro.

A finales de julio concluyó el contrato de monitores deportivos con la empresa Servicios Deportivos SCp sin renovarse y en agosto el Club Sporting de San Fulgencio realizó una solicitud al alcalde solicitando una subvención del 100% para que se sufragaran todos los gastos de las escuelas deportivas del municipio. Ramírez y su edil de Deportes incluyeron la petición en una junta de gobierno en agosto sin que en ese momento constara que el club tuviera atribuciones relativas a los servicios de las escuelas deportivas. En septiembre el alcalde suscribió un contrato con Irles para que el club gestionara la escuela deportiva municipal en el que también participó el edil de Deportes. El convenio carecía de cuantía, se firmó por un año e incluía la cesión de las instalaciones deportivas. La Fiscalía entiende que no se puso cantidad para poder adjudicarlo de forma directa y «mantenerlo mientras les resultare conveniente en detrimento de los intereses generales».

De este modo, el club empezó a realizar la labor que hasta entonces había realizado la mercantil y por el cual se le pagaba 73.000 euros anuales.

El Ministerio Público señala que, aunque el convenio se firmó por un año en septiembre de 2014 seguía vigente. En este tiempo, el club presidido por un miembro de la lista del PP recibió 48 subvenciones por un montante superior a los 190.000 euros y superando en los tres ejercicios la cuantía de 18.000 euros que permite la adjudicación directa de un concurso.

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