El encargo de suministros de material y herramientas por 170.000 euros para la construcción del parque municipal de La Siesta entre abril y junio, en los meses finales del anterior mandato municipal, se hizo verbalmente, según fuentes del equipo de gobierno. Sin contrato ni tramitación administrativa. Sin constancia documental de las solicitudes más allá del pago de las facturas que reclaman las empresas al Ayuntamiento. La obra, gestionada por el anterior gobierno del PP, estaba enmarcada en el Taller de Empleo Mediterráneo VIII y fue paralizada por el actual gobierno al comprobar estas irregularidades.

Por ese motivo, el concejal de Empleo, Víctor Ferrández (IU), anunció que va a notificar la devolución de una decena de facturas a los seis proveedores. El gobierno actual se hará responsable de su abono solo si media resolución judicial. El edil emplazó a las mercantiles a reclamar el importe por la vía contencioso administrativa por lucro cesante. También invitó a los empresarios a explicar en sede judicial quién o quienes solicitaron esos materiales.

Ferrández dijo que los técnicos han realizado «un arduo trabajo de varios meses para recopilar todas las facturas de los suministros de este Taller de Empleo» y han detallado que «cinco empresas han presentado 10 facturas por varias actuaciones y por el suministro de materiales para la obra del parque por un total de 154.472,62 euros, mientras que una empresa presentó una factura por el suministro de herramientas por 16.253, 59 euros». Tras recibir el informe de Intervención el concejal solicitó un informe a los servicios de contratación para determinar si existe contrato que ampare todas estas facturas. La respuesta fue: «No existe».

«Este gobierno no puede asumir la responsabilidad legal que puede derivarse del pago de las mismas. Hemos buscado las posibles vías para hacerlo pero no existen y los empresarios lo saben porque me he reunido con todos», subrayó el edil en rueda de prensa.

Ferrández dijo que conocen que esas empresas, la mayoría con sede en Torrevieja y especializadas en el suministro de materiales de construcción, «lo están pasando mal», pero que esa responsabilidad «la tiene que asumir quien contrajo la deuda de manera irregular». Las empresas han sido informadas de que pueden reclamar por vía administrativa o bien por vía contencioso-judicial para que sea un juez quien reclame el pago de las facturas por lucro cesante y «nosotros las abonaremos».

Si se llega al proceso judicial las empresas tendrán que «declarar bajo qué fórmula suministraron los materiales, quién y cómo se les solicitó sin contrato». A esta información Ferrández agregó que «los funcionarios se negaron durante los talleres a conformar el pago de estas facturas porque venían sin contrato y no cumplían con los requisitos técnicos para su pago».

El edil indicó que también se ha hecho un estudio topográfico en el parque de La Siesta para poder conocer de forma exacta la cantidad de material que se ha empleado en la parte de la actuación que sí se ha ejecutado, ya que unos días antes de las elecciones «siguieron haciendo pedidos de un material que no se llegó a llevar a la obra y que está en los almacenes del proveedor». «Una vez más las macroobras del PP, mal planificadas y peor ejecutadas, han vuelto a meter en un problema económico al Ayuntamiento, incluso después de haber sido desalojados del gobierno». En paralelo o tras esa resolución por la vía contenciosa este asunto podría tener una derivación penal, según fuentes consultadas por este diario. El PP ha registrado 2.500 firmas de vecinos que reclaman reanudar unas obras sobre 40.000 metros, con dotaciones de zona verde y lúdicas para que este residencial contara con el parque previsto en la urbanización desde los años ochenta y que se iniciaron a los 27 años de asumir la gestión municipal.