El interventor del Ayuntamiento de Orihuela, Fernando Urruticoechea, puso ayer en jaque la adjudicación del nuevo contrato de la Ordenanza de Regulación del Aparcamiento (ORA) al presentar un informe ante la Mesa de Contratación en el que pidió el desistimiento del expediente de adjudicación al detectar dos supuestas irregularidades en su pliego de condiciones. La primera, pasa porque, según a su juicio, la ORA no puede considerarse un servicio público como establece el actual texto.
El segundo se encuentra en la forma en la que el Ayuntamiento cobrará a la empresa el canon por el servicio, fijado en un mínimo de 151.000 euros. El interventor explica en su informe que debe ser el Ayuntamiento de Orihuela quien se quede con la recaudación íntegra de los parquímetros para transferir posteriormente a la mercantil la cantidad que supere el canon fijado. Así lo apuntó ayer a este diario el edil de Contratación, Paco Sáez (PP), quien añadió que «hasta ahora el expediente de contratación había contado con todos los informes a favor, tanto de Intervención como de Secretaría, además de todos los demás técnicos implicados».
El motivo en este cambio de parecer es que Urruticoechea estuvo de baja desde mayo hasta hace después de iniciarse el proceso de contratación, y pese a que su sustituto aprobó los trámites, el interventor tiene otro parecer. Por tanto, entre hoy y mañana, según Sáez, «los técnicos estudiarán esta propuesta de desistimiento y decidirán si la admiten o si, por el contrario, se continúa con el proceso y se realiza la propuesta de adjudicación».
Propuesta
Precisamente esta propuesta de adjudicación fue ayer el motivo de la reunión de la mesa de contratación, pues tras estudiar todas las ofertas técnicas y económicas de las ocho empresas presentadas a concurso estaba previsto que se conociera el proyecto ganador con el objetivo de que la mercantil seleccionada presentara esta misma semana los avales necesarios para que, en una junta de gobierno extraordinaria, se aprobara el contrato que pondría fin al precintado de los parquímetros y restablecería el servicio que rige la zona azul clausurado el pasado 11 de noviembre, cuando finalizó el contrato con la mercantil actual, Esma Park, algo que esta niega; de hecho, ha recurrido alegado que el contrato finaliza el día 30.
Si finalmente se suspendiera el proceso de adjudicación, «los más afectados serían los trabajadores», apuntó Sáez, pues «perderían el derecho de subrogación de sus contratos» por lo que no dispondrían de los derechos adquiridos durante los seis últimos años que Esma Park ha prestado el servicio. «Estamos jugando con siete familias de Orihuela. Es un asunto muy grave», apuntó el edi. Otro colectivo que podría verse perjudicado es «el de los comerciantes, que demandan que se restablezca la zona azul para facilitar el aparcamiento a sus clientes y que haya rotación de vehículos, máxime en estas fechas cercanas a Navidad donde la actividad se multiplica».Si el proceso ha de iniciarse desde cero podrían pasar cerca de dos meses desde que se publique de nuevo el concurso hasta que se adjudique, más aún teniendo en cuenta el periodo vacacional navideño.
Contencioso
Este informe de Intervención no es el único problema al que se enfrenta el Ayuntamiento en cuanto al nuevo contrato de la ORA. La anterior adjudicataria del servicio, Esma Park, aún no ha entregado al Ayuntamiento las llaves de los parquímetros ni los dos vehículos que fijaba el pliego. «Si tiene dudas, que nos lleve a un contencioso-administrativo, pero los técnicos lo tienen claro. Es como si dijeran que el contrato de las luces de Navidad empieza el día en que se encienden, y no el día en que empiezan a montarse», concluyó Sáez.
