La mercantil Esma Park SL, que desde finales de 2009 gestionar la Ordenación y Regulación del Aparcamiento (ORA) en Orihuela, presentó ayer una alegación contra la resolución del alcalde, Emilio Bascuñana (PP), a través de un decreto, por el que se suspendió el 11 de noviembre el servicio de la zona azul hasta la adjudicación a una nueva contrata, algo que se podría conocer la semana próxima si no aparecen inconvenientes de última hora con los informes económicos; en cualquier caso, la mercantil no se encuentra entre las ocho aspirantes.
En el alegato, la adjudicataria, que no ha ingresado un euro en seis años ni por los tiques cobrado ni por las multas derivadas de superar el tiempo de estacionamiento establecido, viene a decir que el regidor no es quién para tomar esa decisión pues se trata de una ordenanza municipal la que regula este aparcamiento, por lo que entiende que es competencia de pleno y, consecuentemente con ello, nula de pleno derecho.
Como ya publicó INFORMACIÓN en su edición del pasado día 12, la mercantil ya se negó a firmar la finalización del servicio horas antes de que agentes de la Policía Local precitaran las máquinas expendedoras, alegando que su servicio vencía el 30 de noviembre (fecha en la cual se comenzó a cobrar) y no el 11 de noviembre (el día que se dio validez al acuerdo).
Acontecimientos públicos
La mercantil entiende que la ordenanza sí permite limitar la prestación de servicio durante determinados periodos de tiempo con «motivo de nuevas ordenaciones del tráfico, el interés de la circulación, acontecimientos públicos, obras y cualquier actividad promovida o autorizada por el Ayuntamiento» y entiende que ninguna de esas causas es la que alega el alcalde para ello. De hecho, el portavoz adjunto del PSOE, Víctor Ruiz, en una comparecencia la semana pasada ya advirtió de estas circunstancias, añadiendo que Bascuñana se había extralimitado en sus funciones.
Esma Park, que según el Ayuntamiento adeuda a las arcas municipales más de 450.000 euros, a los que hay que sumar el pago por los tres últimos meses, pendiente de cierre, añade que la suspensión se ha dictado por un órgano que es «manifiestamente incompetente» de conformidad con la legislación. Un portavoz municipal aseguró ayer desconocer la presentación del escrito que este diario tiene en su poder.
La empresa hace una segunda salvedad de importancia porque recuerda que la decisión puede perjudicar a los trabajadores, «impidiendo la normal y lógica solución de continuidad de las empresas con la subrogación de los trabajadores y más tratándose de un servicio encaminado a la consecución de fines propios de competencia municipal, y que debería ser asumido por esta Corporación». También el PSOE recordó esta circunstancia.
Plazas
En cualquier caso, los conductores oriolanos cumplen hoy ocho días sin tener que pagar por estacionar en las 600 plazas habilitadas a este servicio, lo que ha obligado a redoblar efectivos de la Policía Local y, especialmente, la grúa para evitar dobles filas, según constató esta redacción.
