Cuando el pasado 4 de febrero el juzgado de Primera Instancia 3 de Orihuela dictó un auto de procedimiento abreviado por el que fijó, después de tres años y medio de investigaciones, quiénes eran los supuestos responsables de un delito ecológico por el enterramiento de basuras en La Murada y Abanilla, diligencias que se dirigen contra siete personas físicas y cuatro empresas, entre ellas Proambiente, propietaria del vertedero situado entre ambos municipios, nadie esperaba que nueve meses más tarde la sección VII de la Audiencia echara marcha atrás y, lo que era la fase final de un procedimiento que tenía que llevarles (o no a juicio), regresara a la fase de recogida de pruebas con una petición para que sigan realizándose catas en dos fincas que aparecen en el sumario -en Los Vives y Rambla Salada- pero de las que no existe constancia de que haya basura enterrada, tal y como dicen los escritos de acusación.
La jueza Rosa María Villegas ha notificado a las partes personadas en el procedimiento esta decisión de la Audiencia al tiempo que ha librado un oficio al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil para que realizar las inspecciones que considere necesarias, «con la recogida de muestras si procediera para su posterior análisis, empleándose el uso de la maquinaria pesada que sea adecuada», explica. En esta labor tendrá que estar presente el ecotoxicólogo forense que ha emitido varios dictámenes, todos ellos demoledores, en los que detalla que hay miles de toneladas de desechos sin tratar cubiertos en estos momentos y en muchos casos por cultivos de cítricos que fueron plantados posteriormente para que nadie supiera lo que había enterrado. La presencia del técnico es decisiva, entiende la jueza de adscripción territorial es precisa para decir dónde y cómo se tiene que hacer este muestreo porque lo que se obtenga tendrá posteriormente que ser analizado. La juez Villegas se hizo cargo hace algo más de un año no sólo de este asunto sino de buena parte del conocido caso Brugal, que investiga, entre otras piezas, las irregularidades en la adjudicación tanto del servicio de las basuras en Orihuela como del Plan Zonal, en lo que ha terminado por ser, según la fiscalía, una trama de corrupción político empresarial. Precisamente estos enterramientos se desgajaron de esa causa matriz, merced a las escuchas que implicaron a buena parte de los ahora imputados. Esto dio pie al juzgado de Cieza que investigaba también enterramientos en suelo murciano para inhibirse en favor de este órgano judicial oriolano que, al fin y a la postre, fue el primero en abrir las diligencias.
Derecho de defensa
Como ha pasado en otros procedimientos del Brugal, los recursos se han sucedido, en muchos casos dilatorios y en el derecho de defensa han terminado ante la Audiencia con unos plazos que han ido alargado de forma indefinida la resolución, en un sentido u otro de los asuntos. De hecho, el auto judicial recuerda que un mes después de acordarse el paso a procedimiento abreviado, en marzo pasado, la Audiencia le notificó una resolución sobre un recurso que se había presentado en octubre de 2013; es decir, año y medio antes, y por el cual también se acordó la entrada en más fincas para realizar catas que ya aparecían en los escritos de acusación de febrero y marzo 2012; es decir, se tardó tres años desde que alguien acusó a alguien del enterramiento hasta que se resolvió la recogida de muestras. Lo que se ha acordado esta semana es más de lo mismo: «comprobar la realidad, naturaleza y volumen de los enterramientos para poder determinar igualmente la naturaleza del posible daño», explica.
