La exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, se sentó ayer en el banquillo de los acusados para responder por el procedimiento judicial que marcó el principio del fin de su carrera política. La exregidora del PP estaba imputada por un delito menor (una imprudencia) por la supuesta falsedad en un documento público en el marco del caso Escorratel, nombre con el que se conoce popularmente a la pieza que ha investigado la adjudicación de unas obras realizadas en una plaza de esa pedanía después de ser ejecutadas e inauguradas. Durante las cinco horas que duró la sesión, Lorente compartió banquillo con el exconcejal de Servicios e Infraestructuras en Pedanías, Antonio Rodríguez Murcia, quien está acusado del mismo delito y quien utilizó la misma línea argumental que Lorente en su defensa. Ambos se escudaron en que la tramitación del expediente contó con el visto bueno de los técnicos del Ayuntamiento, eludiendo así cualquier responsabilidad. No obstante su declaración no convenció ni un poco al representante del Ministerio Fiscal, que se ratificó en su escrito de acusación mientras los letrados de la defensa solicitaron a la jueza la absolución de sus representados.
La expolítica que ha ocupado durante 20 años altos cargos bajo el paraguas de la formación popular, llegando a ser diputada provincial, autonómica, vicepresidenta de la Diputación y secretaria provincial del PP, llegó ayer caminando al Palacio de Justicia de Orihuela. Lo hizo sola, sin nadie que la acompañara, y se vio ya en la puerta con Rodríguez Murcia. La sesión comenzó con el fiscal interrogando a Lorente. La exregidora afirmó sin titubear que no intervino en el proceso negociado sin publicidad mediante el que se invitó a tres empresas a presentar un proyecto para la ejecución de la obra por 34.000 euros, un trabajo que acabó en manos de la empresa de un familiar de la entonces edil de Cultura, Pepa Ferrando. El proceso se inició el 28 de diciembre de 2007 con la propuesta de iniciar el expediente en junta de gobierno y no fue hasta el 8 de mayo del año siguiente cuando Rodríguez Murcia firmó la adjudicación de la obra a la mercantil elegida. Pues bien, Lorente admitió que fue ella quien presidió la reunión en la que se dio inicio al expediente de la obra, pero aseguró que desde ese momento se apartó del seguimiento de esa tramitación porque «no era su función».
Agenda de protocolo
La exregidora aseguró que asistió a la inauguración de la plaza el 3 de julio «porque así me lo habían marcado en mi agenda de protocolo» y dijo que no participó en la junta de gobierno que, con posterioridad, el 25 de julio de 2008, acordó la adjudicación del contrato.
Lo que Lorente no pudo negar es que fue ella quien el 26 de septiembre estampó su firma en el contrato de la obra. «Yo no leí el contrato. Yo firmaba contratos cuando ya los había firmado el secretario y tenían el visto bueno de mi asesor jurídico. A veces firmaba hasta 400 documentos en un día y no podía pararme a leerlos. Que tuviera la firma del secretario era para mi una garantía. Nadie me dijo que ese contrato era de una obra realizada y nadie me advirtió de nada, si no, no hubiera firmado», dijo Lorente.
¿Y cómo es que el fedatario municipal dio el visto bueno a ese contrato?, se preguntó el fiscal. La respuesta llegó más tarde del propio secretario, que acudió como testigo y dijo que él no sabía que la obra en esa plaza estaba ya ejecutada. «Si hubiera sabido que la obra estaba hecha no hubiera firmado el contrato. Hubiera hecho una diligencia para acreditar lo que había ocurrido», prosiguió.
Por su parte, Antonio Rodríguez Murcia dijo que tampoco él participó en el proceso de selección de las tres empresas para ejecutar la obra. «Yo firmo lo que me dicen los técnicos, no elegí a las mercantiles. Eso pasó a contratación y yo ya no supe nada. Yo no sabía lo que firmaba cuando firmé el documento para proponer a la junta de gobierno adjudicar a la empresa. Tiene que ser todo un error administrativo, si yo lo hubiera sabido aquello no lo hubiera hecho. Yo firmaba después de los técnicos y cuando firmaba cosas, eran muchas» prosiguió.
Contratista
El fiscal se preguntó entonces cómo fue posible que la propuesta de adjudicación de la obra se firmara el 8 de mayo y los trabajos se realizaran antes de que la junta de gobierno diera conformidad a esa adjudicación, el 25 de julio. La contestación llegó del propio contratista, que dijo que el que fuera alcalde pedáneo del Escorratel le informó de que la obra se la habían adjudicado a él, aunque en realidad sólo era la propuesta de adjudicación. «Fui al Ayuntamiento, me enseñaron un papel que decía que se me había adjudicado y me puse a trabajar. El contrato lo firmé después de la obra porque tenía que cobrar y no lo leí, el tema de papeles lo llevaba un técnico que contraté», aseguró en la sala. En juicio del caso Escorratel quedó así visto para sentencia tras más de cinco años de instrucción judicial.
