El Ayuntamiento de Catral ha iniciado en los últimos dos años y medio 25 expedientes de infracción urbanística por acometer obras sin licencia, en su mayoría ejecutadas en propiedades en la huerta construidas fuera de ordenación. La última de ellas este mismo mes al dueño de una parcela que solicitó una licencia de vallado y ha comenzado a construir unos muros que se asemejan más a la estructura de una nave industrial que a una simple valla. El problema endémico de la proliferación de viviendas ilegales en plena huerta -hasta 1.150 según el último inventario municipal- se ha frenado en los últimos años, pero las cifras evidencian que casi todos los meses se inician nuevos procedimientos contra propietarios que intentan complementar sus propiedades levantadas al margen de la ley con nuevos garajes, barbacoas o piscinas.
El regidor de la localidad, Pedro Zaplana, aseguró que la administración local sigue muy vigilante con respecto a todo este asunto teniendo en cuenta que la construcción de viviendas irregulares en la huerta del municipio generó uno de los mayores escándalos urbanísticos de toda la Comunidad Valenciana. Las casas se construyeron a finales de la década de los 90 y principios del 2000 mientras el Ayuntamiento fue incapaz de poner freno a la situación, lo que motivó que en la Generalitat retirara las competencias urbanísticas al municipio, aunque más tarde se las volvió a ceder.
En medio de este desaguisado, el Ayuntamiento puso en marcha la pasada legislatura un plan que sigue el actual equipo de gobierno (Alternativa por Catral y PSOE) para expedir licencias de segunda ocupación a las viviendas irregulares con expedientes de infracción ya prescritos y que hayan instalado sistemas de depuración de aguas residuales. Hasta el momento son cerca de medio centenar las licencias expedidas y se encuentran en trámite más de otra treintena. Esa licencia es vital para cuestiones tan básicas como solicitar el alta en el servicio de electricidad o agua potable, ceder la propiedad o realizar obras de mantenimiento. Aunque esto no significa que las casas sean legalizadas.
El Ayuntamiento estima que son cerca de 700 viviendas las que se podrán acoger a este trámite, que va acompañado de una ordenanza fiscal que determina que obtener la licencia de ocupación para una casa de unos 90 metros cuadrados construida al margen de la legalidad conlleva el pago de una tasa de 631 euros que varía en función de las características de la vivienda.
Demoliciones
Legalizar la situación de las viviendas mediante la aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sería en principio la única solución para poder regularizar las casas diseminadas en la huerta y, sobre todo, para poder paralizar las órdenes de demolición que pesan sobre 392 propiedades. El regidor Zaplana explicó que fue la Generalitat la administración que suspendió esas demoliciones en 2009 al constatar que el Ayuntamiento estaba trabajando en un nuevo Plan General para tratar de regularizarlas. Y aunque ese nuevo planeamiento urbanístico nunca se ejecutó, el Consell miró hacia otro lado y los propietarios de las viviendas han seguido habitándolas sin problemas desde entonces.
Tras el cambio de gobierno en la comunidad autónoma, el alcalde y otros representantes del equipo de gobierno está previsto que se reunan mañana mismo con el nuevo director general de Urbanismo de la Generalitat Valenciana para volver a poner sobre la mesa la problemática urbanística de Catral y abordar las posibles soluciones.
Zaplana admite que su pretensión es poder desarrollar un nuevo PGOU que pueda integrar todas esas viviendas diseminadas en la huerta y planificar el futuro desarrollo urbanístico, industrial y terciario de la localidad, aunque recalca que desde su gobierno seguirán vigilantes y a rajatabla con su política de «tolerancia cero con el urbanismo ilegal».
