La Dirección General del Catastro ha realizado una exhaustiva inspección en el municipio de San Miguel de Salinas y ha detectado que existen hasta 600 propiedades que tributan menos de lo que deberían en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles (IB) porque han realizado ampliaciones de viviendas o han construido garajes o porches que no estaban contemplados. La regularización catastral permitirá al Ayuntamiento incrementar la recaudación por este impuesto en una cifra que podría rondar los 140.000 euros -aunque todavía no se sabe con exactitud- lo que posibilitará aprobar una bajada generalizada del tipo impositivo del IBI, que pasa del 0,7 al 0,65 y se bonificará un 50% de este impuesto a todas las viviendas de protección oficial.
La rebaja del IBI será uno de los puntos que se abordarán en el pleno convocado para el próximo jueves, según explicó ayer el concejal del PP Sergio Correas. El edil apuntó que la merma de ingresos por esa reducción del IBI se compensará con el aumento de la recaudación a esos seis centenares de viviendas que presentaban anomalías catastrales. En este sentido, detalló que ahora se les girará una liquidación por los últimos tres años aunque remarcó que durante todo este proceso existen periodos de alegaciones, por lo que no se puede especificar con exactitud a cuánto ascenderán los nuevos ingresos. Lo que sí está claro es que esta medida permitirá bajar el IBI a todas las propiedades siendo los dueños de viviendas de protección -unas 200 casas- los que más se beneficiarán de esta medida al ver bonificado un 50% del impuesto. «Lo ideal es que todos paguemos lo que es justo, porque si todos pagamos, pagamos menos», expresó Correas. El mismo recordó que en 2013 se realizó un aumento de los valores catastrales, que no se habían revisado desde 1987, «entendiendo que era el momento óptimo dado que había pasado el boom del ladrillo y los valores iban a salir menores que si lo hubiéramos hecho unos años antes». Ahora la bajada del tipo impositivo permitirá paliar en parte esa subida de valores dado que se da por hecho que esta medida saldrá adelante con los votos del gobierno bipartito del PP y UPyD.
Por otro lado, el equipo de gobierno informó que se llevará a pleno otra moción para exigir a la Generalitat que se ejecute la obra de la rotonda de acceso al municipio desde la CV-95, considerado un punto negro de tráfico. La Dirección General de Obras ya ha concluido el proyecto, por lo que desde la corporación se pide que se ejecute cuanto antes.
