Tras más de un año de negociaciones y varios compromisos del presidente Mariano Rajoy ya hay acuerdo. Los 146.000 usuarios del trasvase Tajo-Segura y más de 200 empresas y cooperativas se beneficiarán de la subvención del precio del agua desalinizada para su uso agrícola. El Gobierno central va a destinar 8 millones de euros para abaratar el coste de un total de 50 hm3, 30 procedentes de la planta de Torrevieja (Alicante), para los que se destinarán 6 millones; y los 20 restantes de la de Valdelentisco (Mazarrón), que recibirán una ayuda de 2 millones de euros. Acuamed, organismo que depende de Agricultura, gestiona ambas plantas.

El precio acordado, 30 céntimos el metro cúbico para los usuarios del Trasvase y una rebaja de 10 céntimos sobre los contratos ya firmados para el resto, estará vigente mientras dure la sequía. Oficialmente, y según el último decreto, será hasta el 30 de septiembre de 2016. Si las condiciones climatológicas cambian, el acuerdo se quedará sin vigencia.

El convenio se selló ayer en Madrid entre el Gobierno de Murcia, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y los regantes. Un «acuerdo histórico», en palabras del jefe del ejecutivo murciano, Pedro Antonio Sánchez, al ser la primera vez que se subvenciona el precio del agua desalada.

«Son medidas de carácter extraordinario ante una situación que es excepcional», dijo el presidente de la Comunidad,quien añadió que «ayudará a minimizar el impacto de la sequía en la Región mientras no se recuperen los embalses de cabecera del Tajo para autorizar nuevos trasvases».

Para el jefe del Ejecutivo murciano, «se garantiza el agua a agricultores y regantes y aporta más seguridad y más futuro, al permitir que puedan disponer de recursos complementarios y mantener 100.000 empleos en el sector». Un sector estratégico que supone el 5,3 por ciento del PIB regional (más del doble que la media nacional) y para mantener la capacidad exportadora (el 30 por ciento de las frutas y hortalizas de España).

Pese a todo, Sánchez dejó claro que «se trata de medidas provisionales que no pueden desviarnos de nuestro objetivo, que es la puesta en marcha del Pacto Nacional del Agua que resuelva de forma definitiva el problema del agua».

Un pacto salomónico

El acuerdo alcanzado ayer finalmente incluye a los productores que no tienen sus tierras en el perímetro regable del Trasvase y cuyas explotaciones siempre han dependido del agua desalada y de los pozos, entre otros recursos.

En la reunión participaron, además de Sánchez, la ministra Isabel García Tejerina, la consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá; y, por parte de la Mesa del Agua, el presidente de la patronal Croem, José Mª Albarracín; y los presidentes del Sindicato de Regantes del Trasvase Tajo-Segura, José Manuel Claver; de Proexport, Juan Marín; de Fecoam, Santiago Martínez; y de Coag, Miguel Padilla.