Una veintena de padres y madres de Dinoco, la asociación que presta el servicio de atención temprana en Orihuela, volvieron a reclamar ayer que el Ayuntamiento asuma la gestión directa del servicio para garantizar la continuidad del mismo, para lo que pidieron un «consenso de todas las fuerzas políticas» a través de su portavoz, Manuel Culiáñez.

Los padres pidieron ayer que se les de una solución «definitiva», pues «en una primera reunión nos trasladaron que cualquier opción estaba abierta, la de la municipalización del servicio, la de ofertarlo a través de una empresa municipal y la de sacarla a licitación». Posteriormente, «se nos dijo que la única alternativa era la de la privatización, para después, en una tercera reunión con el alcalde, volver a asegurarnos que no había nada descartado».

Ante estas idas y venidas, los padres reclaman que la única opción viable pasa por la gestión directa del Ayuntamiento, algo «que no supondría ni un solo euro de desembolso extra, ya que lo único que hace Dinoco es administrar la subvención que recibe del Ayuntamiento, no se gasta un euro en nada más, ya que el edificio que alberga las instalaciones es del Ayuntamiento y son sus brigadas las que se encargan de su mantenimiento», apuntó Culiáñez.

La asociación está a la espera de una reunión con el alcalde, que tendrá lugar hoy, para acercar posturas. A falta de ese encuentro, desde la asociación recalcan que la gestión directa es la única vía pues la opción de la gestión a través de la empresa municipal Surpal «no cuenta con CIF según lo publicado por el BOE el pasado enero, por lo que entendemos que una empresa sin CIF no puede asumir la contratación de trabajadores».

Culiáñez apuntó a que «es necesario el acuerdo pues Dinoco no entiende de colores políticos, aquí hay padres de todas las ideologías que lo único que reclamen es la atención que merecen sus hijos y que pueda garantizarles una calidad de vida. No hay que olvidar que no se trata de que estos niños vayan al colegio, o vayan a uno u otro, se trata de que reciben una serie de tratamientos y cuidados de fisioterapeutas que son necesarios».

Otro de los argumentos en contra de la privatización del servicio «es el caso de Callosa de Segura», con un empobrecimiento del servicio desde que pasó a ser privada.Por tanto, cualquiera de las opciones que pase porque sea el Ayuntamiento quien asuma el servicio es válida, «o gestión directa o a través de empresa municipal si es que esto es posible».