El pleno de Orihuela aprobó ayer por la tarde la Ordenanza General de Subvenciones, una norma que era fundamental para la gestión del dinero público que se entrega a un amplio colectivo que va desde asociaciones de toda índole a familias sin recursos y que tras su aprobación permitirá que exista una asignación establecida y partidas comprometidas en los presupuestos de cada año que eviten su aprobación con los reparos de legalidad del interventor. Y esto no debería ser mucha noticia si no fuera porque desde 2003 así exige la legislación que se haga y, por lo que se supo en la sesión, no era necesario mucho trabajo más que un «corta y pega» que se podía haber solucionado, tras el trabajo técnico, por los políticos «en una tarde», según el portavoz de Ciudadanos (C's), Juan Ignacio López-Bas, quien puso ejemplos que prueban cómo tanto en el texto original, que llevó el PP a la comisión, como las enmiendas -se aceptaron las 21 del PSOE- se deslizaban errores que demuestran que vienen de otros reglamentos ya aprobados.
Y, pese a la importancia que tiene esta norma para el buen funcionamiento de las ayudas, tampoco hubiera sido preciso un documento excesivamente sesudo, «para esta ordenanza no hubiera habido el más mínimo problema con que tuviera un único artículo», remarcó López-Bas, con enorme clarividencia en su intervención. A pesar de todo, durante doce años y tres corporaciones distintas -José Manuel Medina, Mónica Lorente y Monserrate Guillén- estas facturas se pagaban de forma irregular sin que ni siquiera se comprobara, en algunas ocasiones, cuál era el destino final del dinero. Ayer, de hecho, López-Bas, quien estuvo 18 meses al frente de Hacienda, explicó por qué: nadie se lo advirtió; de hecho, hasta la llegada en abril de 2014 del nuevo interventor, Fernando Urruticoechea, nadie reparó en ello. Él sí y comenzó a poner problemas a los pagos que colocaron Orihuela «patas arriba».
Salvado este asunto, tan importante como de mero trámite pero en el que se enzarzaron más de una hora en un sesudo y estéril debate, la sesión demostró que al plenario no le han sido suficiente con 100 días para ponerse las pilas y, a excepción de una iniciativa de Ciudadanos para mejorar la conexión con la costa, a través de hacer gratuito el peaje de la autopista a Cartagena, el resto de asuntos no tenían carácter de gestión para una ciudad de más de 90.000 vecinos y 65 millones de euros de presupuesto.
Las propuestas de Cambiemos Orihuela -una solución a los mercados consensuada y que los presupuestos de 2016 sean participativos- o del PSOE -para acabar en centro social de La Aparecida, al cabo de seis años- cayeron en saco roto. La mayoría de concejales, papel en ristre y de todo signo político, algunos de la pasada legislatura, exponen sus argumentos a través de una lectura que convierte a las sesiones en algo aburrido y sin chispa. Con todo ello, la lentitud con la que va Orihuela desde que llegó este equipo de gobierno que encabeza Emilio Bascuñana (PP) ni tan siquiera es objeto de debate y éste se permite frases como la de ayer: «Una cosa es hablar y otra actuar (...) Me encantaría hacerlos buenos (a la oposición) y que todos fuéramos buenos».
