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Cien días de los nuevos ayuntamientos

Nuevos alcaldes, viejos problemas

La revolución en la mayoría de municipios tras las elecciones se traduce al cabo de tres meses en poca gestión y mucha política

Un alcalde «verde» tras dos décadas del PP en Torrevieja. TONY SEVILLA

El pasado 24 de mayo, cerca de la medianoche y con el recuento de votos concluido, todo era ilusión y esperanza. Sesenta y tres ayuntamientos de la provincia quedaron en manos de pactos por la crisis del bipartidismo, la fragmentación del voto y la aparición de partidos políticos de nuevo cuño o que crecieron y que ahora iban a decidir el color del alcalde. Ciudadanos, Compromís, UPyD, los círculos de Podemos o los independientes se han hecho un hueco muy importante en la política municipal. Si alguien buscaba contrapesos a PSOE e IU ya los tiene porque la revolución ha sido casi total. Sólo hay que tener en cuenta como dato que de los grandes municipios de la provincia, sólo Antonio Francés (PSOE), en Alcoy, ha seguido gobernando; el resto, son nuevos. Algunos conocían la política desde la oposición, como Toni Pérez (PP), en Benidorm; Rubén Alfaro (PSOE), en Elda; o José Manuel Dolón (Los Verdes), en Torrevieja; otros, eran bisoños: Emilio Bascuñana (PP), en Orihuela, que ha pasado a ser la «capital» de los populares en la Comunitat.

Y todos los que han estado en la oposición criticando y ahora son gobierno están encontrándose o sufriendo los mismos «tics» o parecidos de sus antecesores ante los problemas que se plantean en cualquiera de sus administraciones al margen del signo político que la gobierne; de hecho, esta es una queja habitual. El difícil movimiento de la maquinaria burocrática hace ahora comprender a quienes estaban en la oposición que los expedientes se eternizan y muchas veces no por gusto del edil de turno y que la legislación no está, como pensaban, siempre para resolver problemas -aunque eso dicen que es la política- sino para enredarlos. Y también han aprendido de su fragilidad como alcaldes porque mandan en minoría, lo que les puede llevar en cualquier momento a ser carne de oposición... y se les nota porque han perdido el vigor de los discursos de campaña y han aterrizado en la realidad del despacho y la vara. Con ello, lo que están intentado muchas veces es tomar decisiones que no enfaden a los que tienen en sus manos su futuro. Un ejemplo de esta semana sería en La Vila Joiosa tras el pacto del PSOE con Gent per La Vila, formado por antiguos componentes del PP. Un acuerdo que puede estar motivado por el miedo del alcalde, Andreu Verdú, de verse ante una nueva moción de censura, de la que ya le advirtió el portavoz municipal popular y exalcalde, Jaime Lloret, el día de la investidura.

La debacle del PP

Y si uno es del PP, donde la debacle fue acentuada (10 de las 17 ciudades importantes en las que gobernaba en la provincia), mantener la Alcaldía es ahora más importante. Y un caso es el que se presenta en l'Alcoià, El Comtat y la Foia, comarca que ya contaba tradicionalmente con regidores de izquierdas, incluso, en tiempos en que la hegemonía del PP era casi monolítica. Así, Ibi se ha convertido en el último bastión tras las hecatombes en Castalla, Onil o Banyeres... y también resiste Tibi. El ibense Rafael Serralta ha logrado, con permiso de Ciudadanos y ADIi, retener la Alcaldía.

Y ese pacto en Ibi sólo es un ejemplo, porque acuerdo los ha habido de todos los colores aunque, sin duda, el más colorista sea el de Torrevieja: hasta cinco fuerzas políticas se pusieron de acuerdo para tumbar dos largas décadas de hegemonía del Partido Popular -primero con Pedro Hernández Mateo y, después, con Eduardo Dolón- y aún y así y sumando no tienen mayoría absoluta pero han colocado a José Manuel Dolón (Los Verdes) con la vara de mando y el permiso de Ciudadanos. Tampoco tiene desperdicio el cuatripartito de El Campello, formado por Compromís, EU, PDC y Demòcrates, que ha tenido 15 días menos de mandato que el resto por un recurso que retrasó la constitución del Consistorio. Allí gobiernan, como en Torrevieja, en minoría por el rechazo del PSOE a entrar en el equipo de gobierno porque no les han dado la Alcaldía pese a ser el partido más votado de los cinco, aunque hasta ahora hayan respaldado sus pocas iniciativas en el pleno. Cuestión, como se ve, de política que no de gestión.

En cualquier caso, el 13 de junio, el día de la constitución de los ayuntamientos, comenzó una cuenta atrás que acabará mañana. Cien días de margen que teóricamente les han dado sus oposiciones para poner las cosas en su sitio antes de empezar a gestionar algo que, por lo visto hasta ahora, no se atisba por ningún lado, sólo más batalla política. De hecho, estos tres largos meses de aterrizaje se han caracterizado más por excusas y peleas por los sueldos que por proyectos ilusionantes o ideas tan claras como las que se vendían en campaña. Los alcaldes y equipos que siguen del anterior mandato se enfrentan a los mismos problemas; mientras los nuevos se refugian en las deudas heredadas -o que han descubierto- para tener paralizada, al menos de cara al exterior, su gestión.

Pero hay municipios en los que se ha atizado al pasado desde el primer día, sin esperar a contar antes hasta 100. Es el caso de Callosa de Segura, que ha pasado del PP a la coalición PSOE, IU y Somos Callosa, lo que ha servido para abrir los cajones e informar a los vecinos de que la deuda es de más de 23 millones de euros, frente a los 14 que aseguraba el anterior alcalde (Javier Pérez) o que es la localidad que más problemas tiene para pagar a sus proveedores: 135 días, un dato que se desconocía dado que no se enviaban los obligatorios informes a Hacienda. Y es que ser alcalde desde el primer día no es fácil, alguno aún parece oposición por su tono. Es el caso de José Manuel Dolón, tan accesible y cercano que parece disperso en su labor, aunque no puede evitar mantener tras veintisiete años su discurso como azote del PP y quizá con ello olvide que ahora es él responsable de gestionar soluciones y no criticar. Y con todo ello, al ciudadano-votante, quizá le llegue a estas alturas una desazón y una pregunta que flota en el aire: ¿habremos acertado? Los alcaldes, en cambio, se miran a un espejo con sus zapatos nuevos y tienen una visión mucho más optimista de la realidad.

Pero todo no ha sido desilusionante en estos cien días, en Alcoy, un presidente de la Generalitat -en este caso, Ximo Puig- ha vuelto a la ciudad, al margen del Círculo Industrial, la Cámara de Comercio o Germaine de Capuccini, que a eso se limitaban las visitas de los anteriores presidentes del Consell, y lo ha hecho para presidir el curso de la Universidad Politécnica en la capital de La Montaña. Puig es socialista como el alcalde alcoyano Toni Francés y ambos tienen algo en común, con el regidor de Elda y es que todos están en minoría. El regidor de Alcoy no ha buscado acuerdos tras la dispersión de fuerzas (cuatro grupos) y eso, se quiera o no, hipotecará su gestión..

Y en Villena, en cambio, la mayoría absoluta de Francisco Javier Esquembre, le ha dado alas para sumar un desencuentro tras otro con el PSOE, su socio el anterior mandato. La deuda de los comerciantes ambulantes del mercadillo de los jueves- con impagos desde el 2008-, que asciende a 240.000 euros, fue el primer enfrentamiento al que han sucedido otros: la caída de un árbol en la calle Ronda Estación y la posterior tala de varios ejemplares el pasado agosto, así como la eliminación de parte de la arboleda del patio del Asilo provocó un nuevo encontronazo y los socialistas calificaron de «inoperante» la labor del alcalde y de su grupo de ecologistas.

Los plenos eternos

Y los plenos, que son el escaparate, del nivel de la política local, tampoco han deparado sorpresas. Así, en Benidorm el mandato ha comenzado con sesiones de doce horas para, al final, aprobar mociones por unanimidad pero después de que los grupos se tiraran los trastos a la cabeza. El alcalde Toni Pérez comenzó el mandato con un carácter conciliador y, aunque casi siempre acaba cediendo a las prerrogativas de otros partidos, realiza en la mayoría de los casos la guerra por su cuenta e, incluso, en ocasiones, aprovecha la coyuntura para marcarse un tanto político. Nadie le podrá quitar la virtud de currante. Ya lo fue en la oposición. Pero también lo fue, y sigue siendo, un estratega. Sabe elegir los momentos para erigirse como la única respuesta a un problema. Espera paciente a que todos pataleen, aguarda unos días, sin dialogar con el resto, y saca un conejo de su chistera. Ha ocurrido con el transporte escolar -en el que Conselleria se ha cargado un convenio histórico dejando a multitud de padres desconcertados sobre si sus hijos recibirían ayudas o no- o con el rastro-mercadillo, en el cual la oposición le criticó cuando él y su edil de Urbanismo concedieron la licencia medioambiental a los propietarios de esta iniciativa que tan de cabeza trae a la asociación de comerciantes. Pérez aguardó para ofrecer una solución a los padres hasta última hora. Ahora también llevará a comisiones informativas una vía para tratar de frenar el nuevo mercadillo. Pero todo con ideas que emergen de su formación y cuando las aguas ya se han removido los suficiente.

Menos suerte a la hora de conciliar es la del socialista Antonio Francés en Alcoy quien ha perdido votaciones por un entente del PP con fuerzas de izquierdas que le recuerdan que está en minoría y sometido a los vaivenes del resto de grupos. El tema es lo de menos porque allí los plenos se caracterizan por una dispersión de propuestas, contradictorias en muchos casos, en las que se discute hasta el color de las balaustradas del Puente de San Jorge. Algo parecido ocurre en Orihuela donde el PSOE, Cambiemos y Ciudadanos, todos ellos en la oposición, se lanzan más dardos entres sí que al propio gobierno de Bascuñana quien, a buen seguro, verá complacido la imagen. Y en Elda, ante este panorama plenario, lo único que ha hecho el ejecutivo local ha sido recuperar el diálogo social, dedicarse a «desfacer entuertos» y poner parches en los problemas más acuciantes con los que se ha encontrado, que no han sido pocos.

Otro pleno curioso es el de El Campello, donde Compromís gobierna en minoría porque el PSOE no le apoya pero sí le respaldan sus pocas iniciativas en el pleno. El alcalde Benjamí Soler, por el momento han apaciguado los ánimos con los colectivos vecinales, muy beligerantes en el anterior mandato por temas como el IBI o la planta de basuras, al ofrecer una mayor participación y diálogo, pero sin medidas efectivas hasta ahora.

Herencias y deudas

Y en todos los sitios cuecen problemas. En Alcoy ha sido el conocer, poco después de las elecciones, que un juez había ordenado el pago inmediato de 4,2 millones de euros al polémico empresario Enrique Ortiz por no ejecutar un bulevar. La resolución se había producido en vísperas electorales... pero no se divulgó hasta después, con el consiguiente escándalo. Ahora, al menos, se ha logrado que el abono se haga de manera escalonada. En Elda, la principal queja de Rubén Alfaro, quien se coaligó con Compromís, es que se ha encontrado con una ciudad en desidia con unos servicios bajo mínimos y unas arcas en números rojos, «herencia de la popular Adela Pedrosa». Una situación que no ha sorprendido a casi nadie, sólo a los que no querían ver ni oír, y que está obligando al regidor a tener que hacer la cuadratura del círculo para sacar adelante las actividades en Fiestas, Educación, Personal, Deportes o Cultura.

Y quien no le ha dado 100 días de gracia ha sido Emilio Bascuñana a la oposición a cuenta de la herencia de la ahora oposición socialista. Y todo por las facturas con reparos de Intervención que van apareciendo, como en un campo minado que le obligan a retrasar pagos y lo ponen un día sí y otro también a los pies de los caballos. Y todo porque Orihuela era una fuente de ayudas y subvenciones sin control hasta que en 2014 llegó un interventor que puso coto a tanto desmán. Ni sabía qué ni a quién ni cómo ni por qué ni cuánto... sólo de dónde partía el dinero: de las arcas municipales. Y en Altea, Jaume Llinares, de Compromís, le ha dado la vuelta al calcetín tras ser criticado por los problemas de suministro de agua a las urbanizaciones o que no se apruebe una tarifa social. La culpa, ha dicho, es de la «dejadez» del PP en anteriores legislaturas; y con su voto en contra de sus socios socialistas en el primer pleno del mandato ha dejado patente las tensiones que marcan este cuatripartito.

Patatas calientes también ha habido en Guardamar del Segura, donde el nuevo gobierno socialista se ha enfrentado al fin al problema de la falta de seguridad en Playa Babilonia y ha clausurado ese espacio de baño, con el beneplácito de la Dirección de Costas. Una medida polémica pero, según el Ayuntamiento, necesaria. De igual forma, han anunciado que acatarán la sentencia que obliga a clausurar el mercadillo El Campico por no disponer de licencia, algo a lo que hasta ahora se resistía el anterior gobierno del PP, que permitió que la actividad comercial siguiera abierta. Y si hablamos de licencias en Torrevieja se llevan la palma en estos tres meses por los cierres, no sólo de establecimientos públicos -hasta el Teatro Municipal que lleva años abierto y cuya maqueta se expuso en el MOMA-, sino también privados, como discotecas y pubs en pleno agosto.

Y otra herencia fue la de Altea, donde la primera sorpresa que se encontró el tripartito -Compromís- PSOE-Altea amb Trellat- fue saber el día antes de su toma de posesión que las obras del frente litoral se reducían drásticamente con respecto al proyecto licitado por el Ministerio de Medio Ambiente, que contemplaba actuar entre la desembocadura del río Algar y el puerto. Ahora, la rehabilitación del frente litoral se hará en la laguna cerrada del paseo marítimo y se creará una playa de 700 metros de largo por 30 metros de ancho.

O en San Vicente del Raspeig, en sus cien primeros días de gobierno, el cuatripartito de San Vicente del Raspeig (PSOE, Sí Se Puede, Guanyar y Compromís) ha tenido que asumir la adjudicación de la obra más importante de este año -más de un millón de euros- a una de las empresas de Enrique Ortiz, la primera gran polémica ya que en la oposición tanto PSOE como EU (hoy Guanyar) siempre han estado en contra de que el empresario gestionara contratas municipales.

Los sueldos, tema estrella

¿Cuánto debe cobrar un político? Quizá sea la pregunta estrella de este arranque de mandato porque en la mayor parte de plenos, por la falta de acuerdo de equipos de gobierno en minoría, no se ha hablado de otra cosa. De hecho, en Sant Joan dio lugar a la primera crisis del cuatripartito -PSOE, Compromís, EU y Decido- cuando, en cambio, no ha sido problema el aprobar presupuestos con el objetivo de bajar la deuda de 10 millones de euros. Y también de nóminas se ha hablado en Cocentaina, Mireia Estepa logró retener la Alcaldía para el PSOE, aunque luego ha visto restringida su actuación -como ya le ocurrió a su antecesor- al limitarle la oposición los salarios y retribuciones.

O en Orihuela donde se tuvo que retirar de un pleno para no perder la votación y hasta que a mediados de julio Ciudadanos le tendió la mano a cambio de mejores condiciones que al resto de grupos. A colación de los sueldos también se han producido cuestiones curiosas, como las de Torrevieja, donde miembros del actual gobierno, cuando eran oposición, pedían mesura en sueldos y asesores y ahora planteaban aprobar casi los mismos. O en San Miguel de Salinas, con un escándalo por una propuesta de subida del 40% que obligó a PP y UPyD a dejar el tema sobre la mesa.

Y si se paran a mirar verán que en este arranque de mandato apenas ha habido más en los ayuntamientos que lo aquí expuesto. Como diría cualquier político, han pasado sólo tres meses, hemos heredado mucha deuda y los proyectos ya vendrán. Pues eso, a esperar.

Regidores y exalcaldes pendientes de declarar en los juzgados.

En Alcoy, el alcalde, junto a dos ediles, un exconcejal y un técnico, tendrán que declarar como imputados por el conflicto de la Policía Local. Todos defienden su inocencia -están acusados de prevaricación administrativa-, pero de ratificarse el proceso Francés se encontraría ante un serio problema. En Ibi, se han visto favorecidos por resoluciones judiciales, relativas a l'Alamí, de manera que la primer teniente de alcalde Amparo Pina ha sido exonerada de la imputación que tenía y los propietario de terrenos no tendrán que pagar 3,6 millones que les pedía la Generala. En Torrevieja, el exalcalde Dolón también está pendiente de una investigación de la Guardia Civil por la apertura de una discoteca.

Más pisar la calle, menos crucifijos y donación de sueldos

Cien días han dado tiempo a muchos a realizar pequeños cambios en la forma de gestionar que en muchas ocasiones se demandaban, en otras no se aprecian o bien ni así son del agrado de todos.

Alfaro ha abierto las puertas de su despacho para recibir a los representantes de todos los colectivos, asociaciones y entidades con el fin de conocer su situación, su opinión y sus necesidades. Mientras, la oposición poco ruido ha hecho en estos cien primeros días. El PP sigue «noqueado» tras perder siete concejales, EU y Podemos se ha desmarcado del equipo de gobierno pero sintoniza con sus primeras decisiones y la única acción fiscalizadora la está ejerciendo Ciudadanos Elda, con Paco Sánchez a la cabeza.

En Torrevieja, los aires de cambio del equipo de gobierno presidido por José Manuel Dolón (Los Verdes), de la mano de cuatro partidos más -PSOE, Sueña, IU y APTCe-, ha querido plasmarse en gestos, en formas y en una gestión amparada en una legalidad tan estricta que a muchos resulta molesta. Algunos gestos los enarbola un alcalde que igual se le ve por el Ayuntamiento bregando con funcionarios y expedientes arriba y abajo, que llevando la compra a su casa a las tres de la tarde. Su renuncia al sueldo, un uso muy restringido del coche oficial (antes se utilizaban dos), el rechazo a aceptar cualquier regalo personal (los obsequios van al municipio o en beneficio de ONGs) y, sobre todo, hacer de Alcaldía un sitio abierto y accesible a todo el mundo -a veces con cierto desbarajuste-, son ejemplos del nuevo estilo de un gobierno donde alcalde y concejales pisan calle más allá de sus respectivos despachos.

En Benidorm, Ciudadanos por Benidorm, el partido de Leopoldo Bernabeu, está dando menos guerra dentro del Ayuntamiento de la que se esperaba si se le recuerda su carácter agresivo cuando conducía un programa en una televisión local donde no dejaba títere con cabeza. Quizá porque los conflictos que están sacudiendo su imagen los trae de fuera -como embargos del sueldo de concejal que han salido a la luz o denuncias de su propio partido por presunto acoso sexual-.

Etro de los municipios en los que se anuncian grandes cambios es Almoradí, donde gobierna una coalición entre PSOE y EU. Aunque aún no han adoptado medidas concretas, el consistorio ha encargado ya informes tendentes a intentar remunicipalizar algunas servicios que fueron privatizados. Asimismo, ya se han dado algunos pasos que, aunque puedan parecer insignificantes han causado una gran controversia, como ha sido el hecho de eliminar los símbolos religiosos de la casa consistorial, como por ejemplo el crucifijo que presidía una de las paredes del salón plenario.

En Altea, los concejales del tripartito (Compromís, PSOE y Altea amb Trellat) han hecho público, como un ejercicio de transparencia, su patrimonio colgándolo en la web del Ayuntamiento.

¿Y qué ha sido de...?

Gema Amor y Pepa Ferrando, en Benidorm y en Orihuela, sobreviven en política después de haber sido dos «buques insignias» del PP. La primera, líder de los liberales y llave en la Alcaldía en 2011, lo que la permitió ser primer teniente de alcalde, está desaparecida. Cuando más se la ve en el Consistorio es en los plenos, donde sigue aferrándose a una oposición agresiva con la que trata de desacreditar el trabajo del alcalde. Sin embargo, después, hay poco comunicado y poca rueda de prensa, lo que la hace estar un poco desaparecida. Al menos, de momento.

Ferrando, tras ser expulsada en enero del PP siendo presidenta local de Orihuela, puso en marcha Foro y a duras penas sacó un puesto en la bancada, el suyo, pese al inestimable apoyo de Mónica Lorente, quien está desaparecida, tras pedir el voto para esta. Ferrando ha vuelto al pleno con sentido y cordura, menos agresiva que cuando estaba en el PP, pero tiene que sentarse en el banquillo por su gestión en Turismo hasta 2011. Le piden 9 años de prisión.

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