El Ayuntamiento de Callosa de Segura adeuda facturas que suman 175.000 euros a una empresa que ha venido suministrando productos de limpieza y mantenimiento de la piscina climatizada ubicada en el centro deportivo. Los servicios de esa mercantil se prestaron entre enero de 2013 y mayo de 2015, cuando gobernaba el PP de Javier Pérez. El nuevo equipo de gobierno pondrá este asunto en manos de la Fiscalía Anticorrupción al considerar que los hechos pueden ser constitutivos de delito debido a que no existe ningún contrato entre el consistorio y la mercantil, teniendo en cuenta que la Ley de Contratación exige que debe tramitarse un concurso público para servicios que sumen más de 18.000 euros anuales.

Las facturas han quedado reflejadas en la relación de deudas que han cuantificado los departamentos de Tesorería e Intervención del Ayuntamiento, que certifican que el municipio mantiene facturas impagadas que ascienden a casi cinco millones de euros; aunque tras la elaboración de dicho informe han aparecido nuevas deudas. En este sentido, la mercantil Ymbersa Nayade SL suma una cantidad que ronda los 175.000 euros, según explicó el edil de Hacienda, Rubén Manresa. El mismo aseguró que ya se han puesto en contacto con el Ministerio Fiscal para exponerle este asunto, y que actualmente se encuentran recabando toda la documentación que obra en el Ayuntamiento para solicitar que se inicie una investigación si así se estima oportuno.

En las facturas de la citada mercantil se especifican conceptos como materiales para mantenimiento del centro deportivo y piscina climatizada, bolsas de recogida de excrementos para mascotas o productos para el mantenimiento del agua.

Vínculo con el PP

Una de las cuestiones que ha despertado sospechas en el nuevo equipo de gobierno es que a pesar de la elevada deuda que se fue acumulando durante ese periodo cercano a 30 meses, la mercantil siguió aportando los productos demandados por el Ayuntamiento y no interrumpió el suministro ante los reiterados impagos. En este sentido, pedirán que se investigue si los propietarios de la mercantil mantienen algún vínculo con los integrantes del anterior gobierno del PP y exigirán que se depuren responsabilidades por la inexistencia de contrato.