El alcalde se entrevistó ayer con la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, para llevar a solución la permuta de los juzgados después de que el municipio costeara hace una década el nuevo edificio con desembolso de 6 millones de euros que nunca recibió del Consell, entonces presidido por Francisco Camps. Bravo sabía de lo que se le hablaba pues siendo vocal del Poder Judicial acudió a Orihuela para conocer el atasco judicial, uno de los más importantes del territorio nacional. El regidor pretende quedarse el antiguo edificio y cobrar la diferencia, lo que ya se pactó el pasado mandato sin que al final hubiera acuerdo decidiendo entonces el equipo de gobierno intentar (en vano) desahuciar a los juzgados de los juzgados, valga la expresión. M. A.
