José María Miranda, representante de los empresarios que pretenden instalar este nuevo «rastro» en Benidorm, quiso estar presente ayer en la sesión plenaria. Miranda comentó a este diario que en 2013 se reunieron con el concejal de Comercio de entonces, Conrado Hernández, «al principio creía que era un mercadillo y puso objeciones pero le explicamos que era un rastro y a partir de ahí no hubo problema». La crisis, según este representante, fue cuando se enteró en 2014 el entonces presidente de AICO, Rafa Gasent, actual portavoz municipal de Ciudadanos (C's). «Estaba haciendo ya su campaña política y se enganchó al tema del mercadillo», manifestó Miranda. «De hecho, le ofrecimos la opción a Gasent, cuando estaba en AICO, que si eso se convertía en algo parecido a un mercadillo les dabámos una indemnización económica», indicó, a la vez que dejó claro que con su grupo de empresarios «ya hemos invertido 250.000 euros en esta iniciativa y si no podemos abrir finalente llevaremos a toda esta gente ante los tribunales».
