El Ayuntamiento de Orihuela ha reabierto la vía del diálogo con la Generalitat para resolver uno de los asuntos pendientes del pasado mandato que más se esquistó: el cobro del edificio del Palacio de Justicia Palacio de Justicia que el municipio pagó -graciosamente- hace casi una década y siendo alcalde José Manuel Medina (PP) al gobierno regional que entonces encabezaba Francisco Camps (PP).
De hecho, la semana próxima está previsto una primera reunión a la que asistirá el regidor, Emilio Bascuñana, quien tiene por objeto llegar a un acuerdo rápido y que éste incluya la adquisición de los antiguos juzgados más el pago de una compensación que puede incluir o no la reforma de dicho edificio. La iniciativa entre ambas administraciones ha partido del Ayuntamiento de Orihuela y ha recibido una rápida respuesta desde Valencia. Ayer el equipo de gobierno se mostraba satisfecho por ello.
Básicamente, lo que se va a tratar ya se había hablado en varias ocasiones y entre ambas administraciones durante el mandato pasado en un procedimiento de permuta en el que, incluso, se llegó a incluir en la operación la construcción del centro de salud de El Rabaloche que, por cierto, es otra infraestructura largamente promedita de la cual nadie sabe qué ha pasado. Pero aquel principio de acuerdo se rompió y el equipo de gobierno (PSOE y Los Verdes) acusó de ello a la Generalitat Valenciana, llegando a iniciar un procedimiento judicial de desahucio que, según fuentes municipales, finalmente no prosperó pero quedó como un desafío con el que se enterró cualquier atisbo de solución. A priori, el actual edificio judicial costó al municipio 6 millones de euros pero su valor actual es inferior; ahora bien, durante este tiempo se ha usado y habrá que considerar quizá el pago de un alquiler. Todo, en cualquier caso, está por negociar.
