En el caso de Fanny Serrano el documento especifica que, además de teniente-alcalde y edil de Urbanismo, es secretaria de la junta de gobierno y percibirá «unos ingresos sensiblemente inferiores» a los obtenidos en su trabajo privado en la abogacía y «que no va a poder seguir ingresando», dice el escrito, ya que su intención «es trabajar con dedicación exclusiva para el Ayuntamiento y ejercer la abogacía para personarse en casos de corrupción, desde el Ayuntamiento». El documento no especifica en qué situación queda si además se hace con el puesto de diputada provincial para el que está propuesta.
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