El primer balance del equipo de gobierno tripartito (PSOE ,EU y Somos) de Callosa arroja 22 millones de euros de deuda, «9 más de lo que decía el Partido Popular», según aseguró la portavoz, Antonia Cascales; el concejal de Hacienda, Rubén Manresa; el de Personal y Servicios Públicos, Norberto Mira; y el alcalde, Fran Maciá durante una comparecencia. Los nuevos gestores municipales se ha encontrado, dijo el edil de Hacienda, con «problemas, como la falta de liquidez a corto plazo, los incumplimientos de las concesionarias de servicios públicos como la gestión de residuos sólidos o el mantenimiento del alumbrado». Manresa explicó que el acta de arqueo reflejaba que el Ayuntamiento contaba con 45.000 euros de liquidez en las cuentas puntualizando que «sólo la nómina de junio del Ayuntamiento ronda los 600.000 euros». Además ha informado de la recepción de un aviso de corte de suministro por Iberdrola que insta a pagar la deuda que dejó pendiente el anterior equipo de gobierno del PP.

El concejal añadió que la deuda del Ayuntamiento, a día 25 de junio de 2015, «se sitúa en torno a los 22 millones de euros y no 13 como se ha empeñado en repetir el señor Javier Pérez durante la campaña electoral, como muchos sospechábamos la deuda lejos de reducirse ha aumentado drásticamente en el último año». Asimismo ha confirmado la intención de realizar una auditoría que «promete sorpresas. Todavía estamos estableciendo el protocolo para llevarla a cabo y ya nos hemos encontrado con 33 facturas sospechosas que van a ser puestas en manos de la Comisión por la Transparencia para que proceda a valorar si es necesario dar traslado a Anticorrupción».

Norberto Mira dijo que la plantilla es «extensa y está mal estructurada», con muchos empleados «en fraude de ley. Nuestra intención es reorganizar los servicios y regularizar la situación del personal. En un principio no nos planteamos la opción de realizar despidos o reducir plantilla, pero debemos estudiar muy bien la situación porque es compleja». Además denunció la mala situación en la que se encuentran tramos de alcantarillado debido a la falta de mantenimiento. Tanto Cascales, como Maciá añadieron que no hay motivos para preocuparse porque la situación económica y organizativa es complicada pero «eso ya lo sabíamos y lo denunciábamos desde la oposición».