Responsables de los juzgados de Aguas de la Vega que han decidido vender caudales excedentarios de la dotación a la que tienen derecho del río a los del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) recibieron ayer como un mazazo el anuncio del juez de Aguas de Almoradí, Carlos Barrera, de que su entidad y siete juzgados de Aguas más de la Vega van a presentar un contencioso contra esa cesión de derechos. Un anuncio que coincidía ayer con la reunión del Ministerio de Agricultura, la Confederación Hidrográfica, representantes del SCRATS y del propio Juzgado de Aguas Orihuela para ultimar el acuerdo de cesión de agua. Los usuarios del trasvase piden esos recursos al ver reducida su dotación del Tajo por la regulación del acueducto impuesta por Castilla-La Mancha. Algo que también ha precipitado la promulgación de un decreto de sequía en la cuenca que permite medidas extraordinarias como la venta de agua que muchos regantes tradicionales consideran desproporcionado. El presidente de la Mancomunidad de Riegos de Levante Margen Derecha, José Antonio Andújar, aseguró que se «está engañando a los regantes» al decirles que van a perder sus derechos de agua con este acuerdo. Están pidiendo «solo 10 hectómetros» del riego tradicional almacenados en el embalse desde hace dos años tras un periodo excepcional de lluvias.
El acuerdo de cesión de derechos de agua del Segura, aprobado por el Juzgado de Aguas de Orihuela, el más importante de la Vega, es «puntual» y no se va a prolongar en el tiempo, según las mismas fuentes, son «mucho menos de la mitad del regadío tradicional» de la Vega Baja al que dicen representar.
El SCRATS recuerda, por su parte, que el riego tradicional de la Vega lleva 30 años utilizando las infraestructuras del postrasvase para hacer llegar el agua del Segura a las zonas de riego con mayores garantías de calidad y caudal «y nadie ha planteado hasta ahora que se tuviera que cobrar un peaje por ese uso o que sea ilegal. Es solidario». Los regantes del Segura no pagan el agua a la que tienen derecho desde hace siglos como un bien público.
