En cambio, la junta electoral de Orihuela ha rechazado la denuncia en Torrevieja de Alternativa Popular y el PSOE por supuestas irregularidades en el voto por correo de los residentes discapacitados físicos del geriátrico Santo Hospital La Inmaculada tramitado por apoderados del PP. Inmediatamente después de que se diera a conocer la resolución, ambas formaciones comunicaron que van a llevar el asunto ante la Fiscalía al margen de que la junta electoral considere que no existe irregularidad alguna porque, en su opinión, creen que sí y con consecuencias penales. El PP cuestionó ayer duramente que se lleve al juzgado un asunto que la junta ha archivado.
En ella se asegura que el 6 de mayo se desplazó una notaria y varios concejales y miembros del Partido Popular a la residencia para tramitar el voto por correo de varios de usuarios.
Presencia
La presencia en el procedimiento de estos miembros del PP, incluida la edil de Tercera Edad, Inmaculada Montesinos, además de personal de la notaría militantes del PP local no garantizó «en absoluto», según la denuncia, «la voluntad» de los votantes de la residencia. «La mayor parte de los residentes no sabían qué estaban haciendo allí», indica la denuncia Domingo Soler (APTCe), quien dice se personó en el lugar al ser alertado de que se estaba realizando el trámite. La denuncia está documentada con fotografías en las que se ve acceder al edificio a esos concejales sin que estuvieran presentes familiares o allegados de los residentes. Los certificados médicos para tramitar el voto por correo, que deben avalar que no tienen capacidad física pero sí mental para ejercer el derecho, no fueron tramitados por el médico de cabecera de cada uno. Todos los informes estarían rubricados por un responsable de Atención Primaria ligado al PP. Durante la jornada electoral estos dos partidos recurrieron los votos -15- para que la documentación que los acompañaba fuera revisada e indicaron que en ningún caso se ha denunciado este asunto por la relevancia que tuviera en el resultado final. Se ha denunciado, aseguran, porque se habría cometido un supuesto delito electoral. La entidad religiosa está gestionada por una fundación presidida por el alcalde, Eduardo Dolón (PP).
El PP mantiene que se tramitó este voto siguiendo escrupulosamente el procedimiento legal. En el mitin final de campaña del PP uno de los candidatos populares explicó que son los mayores los que expresan su voluntad de votar a esa formación y el PP quien pone los medios para que lo hagan.
