El Juzgado de Instrucción Número 4 de Torrevieja ha decretado la apertura de juicio oral contra el exalcalde popular Pedro Hernández Mateo por no convocar más de una docena de plenos ordinarios durante el mandato municipal 2003/2007. La investigación apreció un delito contra los derechos cívicos de los ediles de la Corporación a fiscalizar la acción de gobierno y descartó la prevaricación.

Este auto judicial obliga, según Los Verdes, a Hernández Mateo a tener que comparecer en la causa con abogado que le defienda y procurador que le represente, «apercibiéndole de que si no lo hiciera se le nombrarán de oficio, al tiempo que se le da traslado al acusado y terceros responsables de las actuaciones originales o mediante fotocopia, para que en el plazo común de diez días presente escrito de defensa, siendo competente para el conocimiento y fallo de la causa el Juzgado de lo Penal».

Los Verdes esperan que el procedimiento entre en su fase final y que empiece a instruirse la causa con la comparecencia de los numerosos testigos que ha propuesto y con las «contundentes», en su opinión, pruebas documentales que se han ido aportando a lo largo de la instrucción practicada en el Juzgado Número 4 y en el TSJCV. durante el periodo en que Hernández Mateo fue diputado autonómico.

El auto por el que decretó la apertura de procedimiento abreviado, fue recurrido por la defensa de Hernández Mateo ante la Audiencia Provincial de Alicante, como avanzó esta edición, siendo desestimado hace escasas semanas, no admitiendo entonces recurso alguno. La denuncia se interpuso por Los Verdes en el año 2006, habiéndose practicado diligencias en el referido Juzgado Número 4 de Torrevieja y en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, por la condición de aforado como diputado en Cortes con la que Hernández Mateo contaba en dichas fechas.

Tras decretarse el archivo de la causa, al considerar el Juzgado Número 4 de Torrevieja que no incurría en delito de prevaricación, Los Verdes recurrieron ante la Audiencia Provincial, que finalmente consideró que incurría en el delito tipificado como «contra los derechos cívicos» contemplado en el artículo 542 del Código Penal.

Hernández Mateo cumple una pena de tres años de cárcel por amañar la adjudicación de la contrata de las basuras de Torrevieja.