La asociación ADIS Vega Baja, que presta servicio en Orihuela a personas con enfermada mental, denunció ayer la difícil situación económica que atraviesa debido a los continuos impagos del Ayuntamiento de Orihuela, a lo que se suma la deuda de la Generalitat con la entidad por la subvención del pasado año, tal y como denunció ayer su presidenta, Josefina Valero.
En total, el Consistorio oriolano debe cerca de 40.000 euros derivadas de diferentes ayudas de varias concejalías como Educación y Sanidad, a lo que se suma un convenio de Bienestar Social, del que se debe aún 20%. La deuda se remonta a los años 2013 en el caso de las convocatorias anuales de las concejalías de Educación y Sanidad, de las que reciben, o así lo harían si cobrasen, 6.000 y 4.000 euros respectivamente.
De la misma forma, el Ayuntamiento ha suprimido una ayuda de 18.500 euros para el transporte de los usuarios que no tenían plaza en el Centro Ocupacional y de Ocio de Orihuela y tenían que desplazarse hasta Albatera.
Todas estas ayudas suman un total de más de 38.000 euros, a los que se suman otros 40.000 que les debe la Conselleria en concepto de la subvención del curso 2013-14 y el abono de la primera parte de la ayuda del curso 2014-15, que ya deberían haber recibido.
Centro de Día
La deuda de las administraciones públicas con la entidad pone el jaque la prestación de los servicios de ayuda y apoyo sanitario a los más de 200 usuarios de la asociación, como el servicio de asistencia a domicilio que prestan desde hace años. Asimismo, pone en peligro la apertura del Centro de Día proyectado en Orihuela, a la espera de que la Conselleria apruebe las instalaciones de la calle Miguel Hernández, cuyo edificio ha tenido que someterse a una serie de mejoras requeridas por los técnicos y que ha supuesto a la asociación un desembolso de más de 27.000 euros.
A la difícil situación económica se suma el cambio en la legislación educativa que ha obligado a que algunos alumnos tengan que abandonar los Programas de Cualificación Básica en materia agrícola.
El cambio normativo ha obligado a los alumnos que comenzaron estas enseñanzas bianuales el pasado curso a repetir el primer año de formación al dejar de ofertar ese segundo curso al cambiar el sistema, por lo que «muchos alumnos, además de haber repetido, no podrán matricularse al cumplir los 22 años el próximo curso, edad límite para acceder a la formación educativa», explicó Valero.
