Quince años después de que un tribunal-opositor a dos plazas de cabo (ahora oficial) de la Policía Local en Torrevieja firmara un documento declarando que sólo uno de los dos agentes que habían llegado al cuarto y último ejercicio era apto, cuatro de los seis miembros de aquel jurado se sentaron ayer en el banquillo acusados de falsificación en documento público y prevaricación; y además uno de ellos, la secretaria municipal, Pilar Vellisca, se enfrenta a otro más por supuesta infidelidad en la custodia de documentos. Las penas para la fedataria suman los seis años de cárcel y los 16 años de inhabilitación; y para los otros tres -el técnico Santiago Romero, el exconcejal Antonio José Hódar y el policía Manuel Antonio López Vera- de 4 años de cárcel y 12 de inhabilitación.
La cuestión fundamental por lo que se vio en la primera sesión del juicio -que se reanuda el 14 de abril- es si aquel documento tenía validez de acta -algo que niegan tres de los cuatro acusados- porque dos días más tarde, el 8 de marzo de 2000, se firmó otro distinto por el cual se dio el aprobado a ambos aspirantes cuando el primer día se le dio sólo a uno. Mientras las defensas intentaron demostrar que el único válido fue el segundo y que la hoja del 6 de marzo -que ha desaparecido-, suscrita por todo el tribunal, no era más que un mero anuncio -aunque incluyera incluso la rúbrica de una secretaria que daba fe de una deliberación a la que nunca asistió porque se marchó-, el fiscal jefe del Destacamento de Elche, Ramón Siles, intentó probar que entre ambos días lo que ocurrió fue un «borrón y cuenta nueva»; es decir, que se amañó la oposición.
IVASP
Hay dos miembros de aquel tribunal de seis que no está imputados. Uno falleció, Francisco Martínez; y el otro, José Miguel Zaragoza, a la sazón jefe de la Policía Local de Santa Pola, es con su testimonio una de las principales pruebas de cargo del Ministerio Público porque, además, denunció aquellos hechos ante el IVASP (Instituto Valenciano de Seguridad Pública). Y muy parecido a cómo él contó los hechos los declaró también uno de los cuatro acusados: Manuel Antonio López Vera. De hecho, mientras el primero (Zaragoza) firmó un documento del día 6 y se marchó pensando que aquello era el acta y la oposición estaba finiquitada, negándose a acudir dos días más tarde cuando recibió una llamada de la secretaria citándole de nuevo para lo mismo; el segundo (Vera) asistió a ambas y dijo no entender por qué lo volvieron a citar porque para él también aquella oposición estaba zanjada; de hecho, en esos dos días el resultado de la oposición corrió como la pólvora por la Jefatura: Julio Morer, aprobado; y Santiago Cabrera, suspendido. Y lo decía él que para eso lo había firmado.
El juicio dejó a la luz numerosas irregularidades en lo que debía ser una oposición y ahora queda por ver qué opinará la Sección VII y si estas tienen o no la consideración de ilegalidad, lo que será un paso decisivo entre absolución y condena. Pase lo que pase, lo que nunca dejará de sorprender es lo que ayer se escuchó entre los acusados, como que un abogado y a la sazón presidente de tribunal, Antonio José Hódar, dijera que «no sabe mucho de derecho administrativo»; o que el jefe de Urbanismo de Torrevieja, Santiago Romero, admitiera la práctica de firmar un documento avalado por la firma de una secretaria que no había estado presente porque era un «documento interno»; o que buena parte de la defensa del agente López Vera se dirigiera a decir que su cliente es lego en Derecho y no iba a discrepar de lo que dijera ni secretaria ni concejal ni técnico porque ellos eran «los habituales en la mayoría de oposiciones».
Interrogatorios
Los interrogatorios fueron brillantes en algunos momentos y reiterativos en otros dentro de una sesión que se prolongó hasta pasadas las 15.40 horas porque los magistrados querían escuchar en el mismo acto a los cuatro acusados y a los dos testigos claves: al policía Zaragoza, y la funcionaria encargada de hacer por cuadriplicado el día 6 aquel documento sobre el resultado de aquella oposición, con todas las posibilidades abiertas, y firmado por la secretaria horas antes de que se resolviera cuál iba a ser el bueno.
Ésta trabajadora, que prácticamente no se acordaba de nada, sí que estaba segura que aquello no era un acta, sino un anuncio sin que quedara claro para qué servía y para qué firmarla por todos si no valía para nada porque sólo aparecía cuál había sido un resultado que varió dos días después y ni se colgó en lugar para público conocimiento, lo que hubiera sido un escándalo porque el resultado final fue otro. La secretaria justificó a preguntas del fiscal lo de firmar documentos dando fe de actos en los que no estaba por un «adelantar el trabajo» al tiempo que reiteró que aquello era un borrador, algo que por lo visto sólo tenía claro ella, el presidente y el técnico, pero no los dos policías y uno se sienta en el banquillo.
