Un juez condena a la exalcaldesa de San Fulgencio a 17 meses de prisión

La sentencia considera hechos probados que en febrero 2000 Johannes Lodewijk presentó en el Ayuntamiento de San Fulgencio un anteproyecto que incluía una edificación de alojamientos deportivos en una parcela en la urbanización La Marina. Un mes después, un ingeniero al servicio del Ayuntamiento concluyó que la petición se ajustaba a la normativa, aunque para ser considerada como tal el promotor tenía que justificar la permanencia de los deportistas en el lugar donde se realizaba la actividad, «sin posibilidad de segregar parte de la edificación para otro uso». Durante los meses siguientes, Lodewijk continuó presentando documentación, como la viabilidad del anteproyecto (agosto de 2000), la licencia de apertura (noviembre de 2000) o el estudio detallado (marzo de 2001). Este último mes, el arquitecto municipal emitió un informe favorable «a sabiendas de que infringía la normativa vigente al no recoger de forma expresa la probihición de subdivisión y segregación de la parcela, y de uso distinto al deportivo, favoreciendo la aprobación del mismo».

Normativa

Así, el 28 de marzo se aprobó por la alcaldesa, Trinidad Martínez; por el edil de Agricultura, José Mora; por Teresa Terrés, concejala de Hacienda; y por Luisa Alberola, concejala de Urbanismo, conociendo los dos primeros que era «contrario a la normativa urbanística», dice el fallo. Ocho meses más tarde, Lodewijk solicitó la licencia de obras sin que se le contestara y un año más tarde, ésta se aprobó por silencio administrativo por la regidora y los ediles antes citados, aunque el fallo insiste en que solo los dos primeros eran conocedores de que era contrario a la normativa. Y éste la solicitó en octubre de 2004. Ya en diciembre de ese año, los acusados José Angel Varo y José Antonio Bernabeu informaron que el proyecto cumplía con las ordenanzas, aunque sabían que el proyecto «conculcaría la normativa urbanística al permitir la construcción y venta de apartamentos residenciales», dice el fallo.

Días más tarde, la alcaldesa Trini Martínez y los ediles Mariano Martín, José Mora y Simone Elster, actuando los tres primeros «a sabiendas de la injusticia que resultaría», aprobaron conceder la licencia para una villa deportiva. Se da la circunstancia de que meses después el promotor solicitó a la alcaldesa un cambio de titularidad de la licencia de obras, lo que se aprobó en marzo. La sentencia detalla que «la concesión de la licencia municipal de obras sin acompañar la pertinente licencia de actividad permitió que el 20 de septiembre de 2005 se extendieran dos escrituras en una notaria de Valencia por la que se vendieron por 4,2 millones de euros dos fincas sin contener referencia alguna a la vinculación de los alojamientos al uso deportivo». El fallo recuerda que cinco años se hizo realizada la división de la parcela afectada con el «beneplácito» Trinidad Martínez, José Mora, Mariano Martí, José Francisco Ballester, José Angel Varó y José Antonio Bernabeu. «Eran conscientes de que la separación en el otorgamiento de licencias impediría restricción alguna a la construcción y venta de los bungalós inicialmente diseñados», a pesar de ello, el Ayuntamiento procedió a dar luz verde a la ejecución de Villa Deportiva.

Informes

En 2007, la nueva alcaldesa, Josefa Mora, apoyada en el informe del técnico Sánchez Adsuar, acordó la inmediata suspensión de la licencia porque «por silencio o sin otorgarse previamente licencia de apertura, contravenía la normativa aplicable». A pesar de ello, un mes más tarde, la regidora alzó la suspensión cautelar. «Con la finalidad de legalizar la construcción y dar cobertura al destino final de la misma, los acusados Trinidad Martínez, José Mora, Mariano Martín, José Angel Varo y José Antonio Bernabeu promovieron y propiciaron una modificación puntual del PGOU». La sentencia dice que finalmente se permitió la construcción en 2009 de 44 viviendas en tres de los ocho bloques, otros dos estaban construidos al 70%, dos más al 30% y el último, de restaurantes y cafeterías, al 40%. Dice la jueza que «los acusados no velaron a sabiendas por el cumplimiento de la legalidad vigente al no promover el acceso al registro de condición alguna que impidiese la división y segregación de la parcela, omisión intencionada que permitió la concesión de 44 licencias de primera ocupación en enero de 2010.