Enfrentados por un decreto. El ultimátum lanzado ayer al Gobierno por el Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura (20.000 agricultores en la provincia) para que apruebe el decreto de sequía chocó con los intereses de los agricultores tradicionales de la Vega Baja -los que riegan directamente del río- (17.000 huertanos) que no están de acuerdo con la petición, porque, entre otras razones, los embalses de la cuenca se encuentran a más del 60% de su capacidad, por lo que aseguran hay agua suficiente. Cuestión bien diferente es la de los regantes que captan el agua directamente del Tajo y que se han visto directamente afectados por el descenso de las reservas del complejo de embalses de Entrepeñas y Buendía, donde el nivel se acerca peligrosamente a la línea roja de los 400 hectómetros cúbicos a partir de la cual se cerrará el grifo.

Ayer, José Manuel Claver, presidente del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura (SCRATS), lanzó un ultimátum al Ministerio de Agricultura. Si antes del 20 de marzo no se aprueba el decreto los agricultores saldrán a la calle. Los regantes del Tajo-Segura urgen el decreto porque les daría facilidades para realizar obras para captar agua y les eximirá del pago de las tasas de envío de caudales por el trasvase, lo que abrirá a la puerta a que la compra de agua a otros compañeros de Castilla-La Mancha y a la propia cuenca sea rentable, pero los del Segura no están ni mucho menos de acuerdo con esta forma de entender qué supondría la aprobación del decreto; de hecho, se oponen.

Prácticamente a la misma hora que hacía esta declaración, las 17 comunidades de regantes que forman el subsistema de agricultores de regadío tradicional de la Vega mantenían una tensa reunión en el Jugado de Aguas de Orihuela para tratar de alcanzar un consenso y explicar su postura y las actuaciones que llevarán a cabo para frenar el actual texto del borrador del decreto porque consideran que con él se dará «un cheque en blanco» a la Confederación para que el agua de la cuenca pueda transferirse al SCRATS. Una decisión que, de no ser revocada, les llevará a realizar manifestaciones, incluso, ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, si bien no acordaron plazos o fechas exactas.

En cualquier caso, el decreto parece que saldrá adelante, pues el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, anunció a última hora de la tarde, tras reunirse en Madrid con la ministra de Agricultura, Isabel García-Tejerina, y su homólogo murciano, Alberto Garre, que el Gobierno aprobará en un mes el decreto de sequía. «Hemos llegado a la conclusión de la necesidad de que el decreto se apruebe de forma inminente para que haya soluciones de emergencia ante la falta de lluvias».

Enfado

Los regantes de comarca culpan de toda esta situación a la «CHS, que una vez más, ningunea a los regantes de la Vega Baja favoreciendo a otras zonas de su influencia». Descontento que quedó plasmado en un manifiesto que firmaron por unanimidad con el objetivo de solicitar la «paralización inmediata de la tramitación del denominado Real Decreto por el que se prevé adoptar medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos» y que pasarían por dar «manga ancha», afirman, a la Confederación para transferir el agua del caudal del Segura a los regantes del trasvase. El Juzgado de Aguas pide que sean ellos, en consenso con los regantes del trasvase, quienes establezcan un acuerdo para detallar las condiciones de dicha cesión, ya que «no le negamos el principio de solidaridad a nadie y estamos dispuestos a cederles», pero el decreto del Gobierno es muy «ambiguo», insisten, ya que no establece plazos ni la cantidad que cederán.

En este sentido, acordaron también crear una comisión con la que entablar una mesa de negociación de cara a una negociación con los regantes del Trasvase, por lo que pedirán una reunión con esta agrupación para poner sobre la mesa la necesidad de ambas comunidades de regantes con el fin de poder llegar a un acuerdo. La comisión estaría creada por el juez, el secretario y el ingeniero del Juzgado de Aguas de Orihuela, el juez de Aguas de Callosa, su homónimo de Almoradí y por el presidente de la Comunidad de Regantes de Catral.

La comisión comenzará las negociaciones en los próximos días concretando una reunión con los regantes del Trasvase sin esperar a que el Ministerio de Medio Ambiente acepte o no la retirada del decreto que posibilite un pacto entre los dos subsistemas.