El Comité de Derechos y Garantías del PP en la Comunidad Valenciana hizo público ayer la pérdida de condición de afiliado de su presidenta en Orihuela, Pepa Ferrando, y de cinco ediles más: David Costa, Encarnación Ortuño, Araceli Vilella, Victor Bernabéu y José Antonio Aniortepérdida de condición de afiliado Pepa Ferrando, lo cual deja de rebote al grupo municipal con menos de la mitad de efectivos (cinco de sus 12 concejales, pues Mónica Lorente lleva tres meses de baja y ni aparece por el pleno ni por el despacho), lo que da paso a una profunda renovación que tendrá que encargar, tarde o temprano, a una gestora, algo que dependerá de cómo gestione el presidente en funciones, Dámaso Aparicio, el partido durante las próximas semanas y de los resultados que se obtengan en las municipales de mayo. Al cierre de esta edición algunos de los expulsados aún no tenían conocimiento directa de esta decisión que sí se notificó ayer por la tarde a los medios de comunicación en un escueto escrito. De hecho, fue este diario el que informó a varios afectados que estaban fuera del partido, algo a lo que no daban crédito por lo que no quisieron hacer declaraciones.

Fuentes del PP aseguraron que el Comité de Derechos y Garantías tenía ayer que decidir sobre otro espinoso asunto: la suspensión cautelar de la alcaldesa de Novelda, Milagrosa Martínez, y los plazos de los recursos que habían presentado los concejales oriolanos estaban todos vencidos por lo cual había que tomar una decisión ya. La expulsión de Ferrando, quien ganó la presencia del PP en diciembre de 2012, se adoptó con base a que acumulaba hasta tres tres infracciones muy graves y otras tres graves de los estatutos nacionales. Mientras que los otros cinco ediles pierden la condición de afiliados por la comisión de dos infracciones muy graves.

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¿Qué hicieron? Para responder a esta pregunta hay que remontarse al pleno del 22 de diciembre cuando se negaron a votar una moción de la edil no adscrita Asun Mayoral que proponía que los grupos municipales se comprometieran a excluir a imputados por delitos de corrupción en las listas a las municipales de mayo, algo que por ejemplo sí votó en Alicante Sonia Castedo siendo aún la alcaldesa y estando imputada, como era el caso de tres de los seis ediles oriolanos. Pese a que el secretario provincial, José Juan Zaplana, dio orden a través de un mensaje de móvil -un WhatsApp- a los doce ediles que tenía que apoyar la iniciativa, estos seis se marcharon del pleno durante su debate y votación. Para justificar su decisión argumentaron que el mes anterior también se votó la misma propuesta y por la misma edil -que tampoco apoyaron- por lo que no tenía sentido volver a ello. Para el PP esta actitud demuestra una deslealtad y un motivo más que suficiente para echarlos a todos, máxime porque con su decisión desacreditaban no sólo a Zaplana sino a la secretaria regional, Isabel Bonig, quien respaldó esta directriz que no hacía más que secundar la línea roja que el presidente Fabra lleva meses repitiendo.

Pero probablemente el desencadenante fue el hecho de que Ferrando, al concluir aquella sesión, ofreciera una rueda de Prensa para desmarcarse de la dirección provincial, a la que acusó de amenazarles y de coaccionarles para que votaran la propuesta. Y la presidenta fue más allá porque no sólo atacó al presidente provincial, José Císcar; o a Zaplana; también a Eva Ortiz (actual directora de campaña electoral) de quien dijo recogió en 2011 votos para otras formaciones. Aquella misma noche, Fabra y Císcar decidieron que ya estaba bien y al día siguiente se instó por este último la apertura de un expediente que se lleva por delante no sólo a la cabeza visible del partido sino a uno de los ediles que más protagonismo ha tenido en los debates municipales: Costa.

Ferrando, desde que supo que el Comité de Derechos y Garantías la había expedientado, comenzó a dinamitar su futuro en el PP porque lejos de tener una actitud conciliadora mantuvo el tono grueso en sus manifestaciones llegando a asegurar que iba a seguir en política «dentro o fuera del PP», dando a entender que formará otro partido. Lo que hagan los otros cinco ediles, algunos de tanto peso como el propio Costa o Aniorte, es una incógnita. Pero lo ocurrido el 22 de diciembre no fue más que el estallido de una espoleta colocada en septiembre, cuando Bonig notificó a Ferrando que en modo alguno sería la candidata a la Alcaldía por sus imputaciones en dos causas judiciales que la dirección regional del PP entiende que son casos de corrupción y ella denuncias de corte político. Además de la ya expresidenta, Costa y Aniorte están imputados por su gestión la pasada legislatura, Vilella fue recientemente desimputada del caso Brugal y Ortuño y Bernabeu entraron en el equipo esta legislatura.