Los dos exalcaldes socialistas de Bigastro, José Joaquín Moya y su predecesor, Raúl Valerio Medina, han sido citados a declarar el 9 de junio en los juzgados de Orihuela en calidad de querellados para aclarar los contratos firmados con su gabinete jurídico durante la legislatura de 2007-2011. El PP, entonces en la oposición, registró una querella acusándolos de fraude en contratación y malversación por pagar cantidades cercanas a los 3.000 euros al mes a sus abogados sin haber tramitado el preceptivo concurso público obligado para contrataciones superiores a los 18.000 euros, y ahora se inicia la ronda de declaraciones.
Según fuentes cercanas a la investigación, la Fiscalía Anticorrupción ha emitido un informe en el que aprecia indicios de delito en las contrataciones a raíz de la documentación presentada por el PP, que está refrendada con informes del departamento de Intervención.
Según ha podido saber este diario, la magistrada que instruye el caso ha solicitado copia de las facturas y contratos con servicios de asesoría jurídica de la anterior legislatura así como de la actual, en la que gobierna Charo Bañuls (PP). Asimismo, la jueza ha citado a declarar al exsecretario del Ayuntamiento, Antonio Saseta.
La regidora declaró ayer a este diario que durante su mandato se firmó en un principio un contrato menor con un gabinete jurídico y a finales de 2013 se inició un proceso de licitación avalado por la secretaria-interventora del Ayuntamiento para regularizar los pagos mensuales por este servicio.
El Ayuntamiento bigastrense se ha personado en la causa al considerar que con dichas prácticas se han perjudicado los intereses del municipio al pagar importantes cantidades a un gabinete jurídico de forma irregular.
