La magistrada del Juzgado de Instrucción 1 de Orihuela, Raquel Lacunza, ha citado en enero a declarar como imputados por malversación a los dos exalcaldes socialistas que gobernaron Bigastro durante la pasada legislatura, José Joaquín Mota y Raúl Valerio Medina, este último actual portavoz del PSOE y diputado provincial, para aclarar el fraude que, según la Inspección de Trabajo, se cometió en las cotizaciones a 45 vecinos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social con los que el Ayuntamiento simuló una relación laboral a pesar de que no trabajaban para la administración local. Todo ello con el único objetivo de que accedieran al cobro de todo tipo de prestaciones e incluso pensiones de jubilación.
La magistrada ha citado igualmente el mismo día y a la misma hora a los exconcejales del PSOE de Bigastro Joaquín María Pérez, María Carmen Grau y María Carmen Alonso, también imputados por malversación, así como al exsecretario del Ayuntamiento, Antonio Saseta. La providencia judicial está fechada el 4 de diciembre de 2014 y ha sido notificada a los seis imputados inicialmente en este caso que ha ido desvelando durante el último año INFORMACIÓN.
Las declaraciones de los cinco políticos y el funcionario servirán para tratar de esclarecer la existencia de una presunta trama corrupta urdida desde el propio consistorio para simular relaciones laborales con los beneficiarios, prácticamente todos ellos mujeres de avanzada edad, porque, según los inspectores de Trabajo que les han tomado declaración, no existe documentación que pruebe que estas personas prestaran servicio alguno al Ayuntamiento. Y esto se evidencia en que no existen contratos laborales ni nóminas que demuestren que recibían un salario por su trabajo. De hecho, en las declaraciones ante la Inspección de Trabajo fueron varios de ellos los que admitieron que, en realidad, nunca trabajaron para la administración local y que se trataba de favores que les hacía el alcalde para que pudieran seguir cotizando. Las cotizaciones comenzaron en noviembre de 2001 cuando gobernaba Moya y siguieron con su sucesor, Raúl Valerio Medina. La Inspección de trabajo sancionó recientemente al Ayuntamiento de Bigastro con 60.000 euros por llevar a cabo esta práctica fraudulenta y ordenó anular los más de 750 meses de falsas cotizaciones de los beneficiarios, dando lugar a que se recalculen las pensiones que pudieran estar recibiendo. Además de los dos exalcaldes, exediles y el exsecretario, figuran como denunciados los 45 vecinos que se beneficiaron de esta supuesta estafa a la Seguridad Social.
