El Ayuntamiento de Guardamar del Segura ha iniciado un expediente para decretar el cierre de dos mercadillos que operan sin ningún tipo de licencia, uno de ellos desde 1992, y cuya actividad no ha sido clausurada hasta ahora por ninguno de los gobiernos locales. Los zocos, conocidos como «El Campico» y «Altos del Moncayo», concentran cada fin de semana a miles de personas puesto que no solo ofrecen paradas con productos de decoración, ropa o complementos, sino que albergan además decenas de bares. Todo ello en parcelas rústicas y sin los obligados permisos. El consistorio ha dado ahora un plazo de audiencia a los promotores de ambos mercados para que presentan las alegaciones que consideren antes de proceder a estudiarlas y, en el caso de que sean desestimadas, clausurar la actividad.
Los dos mercadillos han venido funcionado durante todo el actual mandato de la alcaldesa Carmen Verdú (PP) a pesar de que no cuentan ni con licencia de apertura ni de actividad ni medioambiental. Según apuntaron ayer fuentes del Ayuntamiento, el anterior gobierno socialista de Marylene Albentosa (PSOE) inició en 2010 un expediente para obligar a la clausura de ambos zocos debido a que no contaban con los permisos pertinentes. Señalaron igualmente que los promotores impulsaron entonces un proceso para tratar de regularizar la actividad y denunciaron el intento de cierre en los juzgados puesto que en el caso del zoco del Moncayo, que concentra más de 800 puestos y 40 bares, se ha alegado que existen unos presuntos derechos adquiridos. Pero lo cierto es que han pasado ya prácticamente cuatro años desde que comenzó ese proceso, las licencias no se han obtenido y los mercadillos no solo no se han cerrado, sino que han ido ampliando su oferta comerciall con nuevas paradas entre las que se incluyen camisetas, cedés o películas falsificadas mientras la administración ha sido incapaz de poner orden e impedir que siga ejerciéndose una actividad del todo irregular.
A todo este respecto, desde el Ayuntamiento intentan llevar el tema con discreción y prefieren no facilitar demasiada información sobre todo este asunto tras una llamada de la redacción solicitándole datos sobre la decisión de la regidora y los motivos que la impulsan. De hecho, la alcaldesa declinó ayer hacer declaraciones y se limitó a decir por un mensaje de móvil que el Ayuntamiento «está actuando de acuerdo a los informes emitidos por los departamentos municipales». Fuentes del gabinete de comunicación de la alcaldesa se limitaron a añadir que «los técnicos del Ayuntamiento indican que todas estas cuestiones están tratándose internamente» debido a que «forman parte de un expediente» y el consistorio «está actuando con arreglo a dicho expediente siguiendo escrupulosamente la ley».
Para tratar de poner solución ahora a esta situación, la regidora Verdú firmó dos decretos el 9 de septiembre y el 11 del mismo mes para decretar el cierre, aunque declinó atender la llamada de este diario para explicar por qué no se ha realizado este procedimiento durante sus primeros tres años de mandato. El día 17 de noviembre estos acuerdos fueron publicados en el Boletin Oficial de la Provincia y se inició el plazo de 15 días para que los propietarios presenten alegaciones.
Dinero
Según explicó ayer a este diario uno de los comerciantes que acude semanalmente a «El Campico», este zoco viene funcionando de forma presuntamente ilegal porque los comerciantes pagan una cantidad de dinero cada mes al propietario y este les cede un espacio para montar su puesto, pero no existen tiques ni facturas que reflejen que efectivamente existe una relación comercial.
El concejal de Esquerra Unida, Josep Carmona, mostró ayer su perplejidad por la situación que existe en relación a estos dos mercadillos y las respuestas que recibe del equipo de gobierno. «Las iniciativas que hemos tenido en los plenos, para que nos aclaren qué está pasando y por qué se permite estas instalaciones en un suelo que no sirve para esta finalidad, reciben siempre la misma respuesta: es un tema que se está viendo».
Otras fuentes aseguraron que durante los últimos años los responsables de ambos mercadillos han tratado de lograr su legalización porque se han convertido en una oferta turística más que atrae, principalmente, a turistas. En uno de ellos se ofertan cientos de productos de segunda mano.
