La línea roja de Alberto Fabra contra la corrupción no se aplicará con Mónica Lorente. Al menos por ahora. Pese a que la ex alcaldesa de Orihuela rebasa el límite fijado por el presidente del PPCV tras su procesamiento de ayer, la titular de la Diputación, Luisa Pastor, ha rechazado presionarla para que dimita. «Se queda como está», zanjaron desde Presidencia. Es decir, sin competencia, pero con su acta de diputada.
Pastor adoptó ayer por la tarde esa decisión durante un encuentro con el secretario general del PP en la provincia, José Juan Zaplana. Ambos se habían citado en la institución para terminar de perfilar la ponencia sobre agua que se abordará en la convención que celebrará el partido este fin de semana en Benidorm, pero acabaron hablando del procesamiento de Lorente. La presidenta, de hecho, dialogó telefónicamente con la diputada y le trasladó su decisión. «No se le va a pedir que dimita», insistieron desde el entorno de Pastor. La titular de la institución entiende que hay que esperar a que el juez decida si abre finalmente juicio oral o no para adoptar una decisión en firme. Y la ejecutiva provincial comparte esa decisión. Lorente, por su parte, informó a la presidenta que hoy mismo ofrecerá una rueda de prensa en Orihuela y expondrá con todo lujo de detalles el auto judicial que la deja a un pequeño paso de la vista oral.
Con la decisión de ayer, Luisa Pastor se desmarca de la línea roja que ha marcado Fabra para limpiar las instituciones de dirigentes con causas pendientes con la justicia. El también jefe del Consell ha sido muy claro. Ha repetido por activa y por pasiva que en las próximas candidaturas populares no habrá un solo imputado por corrupción, ha limpiado de encausados el segundo escalón de la Generalitat (los altos cargos) y ha fijado en el procesamiento el momento en el que los parlamentarios de las Cortes deben renunciar a su acta. Así ocurrió, por ejemplo, con el dirigente de Benissa David Serra. Según ha tenido constancia este diario, el ya exdiputado recibió presiones para dimitir de las Cortes antes incluso de que fuera procesado en Gürtel. Con Milagrosa Martínez y Angélica Such, ambas a la espera de saber qué tribunal les juzgará por su presunta implicación en los contratos con la red corrupta para el estand de Fitur, la línea roja se desplazó a la apertura de juicio oral. Pero ambas, sin embargo, también recibieron presiones antes de ese momento procesal.
Con Lorente no ocurre lo mismo. Fuentes del PP confirmaron ayer a este diario que, al margen de aplicar los Estatutos nacionales a rajatabla, no le pedirán el acta de diputada. El partido adoptará, por ende, dos medidas. La primera, abrirle un expediente disciplinario, tal y como marcan los Estatutos; y la segunda, esperar. De la decisión judicial dependerá su futuro. Si se libra del banquillo, mantendrá su acta; en el caso contrario, «ya se verá», apuntaron desde el PP.
