Los alcaldes socialistas de la Vega Baja registraron ayer un escrito en la Diputación de Alicante para solicitar que se incluya en el próximo pleno de la institución un punto sobre la participación ciudadana en el Plan Zonal de residuos de la comarca. Tras el registro, el regidor de Rafal, Manuel Pineda, anunció la pretensión de su partido de abrir «un periodo de participación para que los ciudadanos también opinen e, incluso, hagan sus propuestas». Los socialistas están en minoría en los órganos de representación del Consorcio comarcal de residuos y en la Diputación, por lo que su propuesta depende de la mayoría del PP.

La petición socialista se produce cuando se ha iniciado el proceso para anular la adjudicación del actual plan zonal a Cespa-Ortiz al estimar la Diputación que no la propuesta de la empresa no presta garantías para ubicar el macrovertedero comarcal en Albatera y al margen de que esa adjudicación, como recordaron los socialistas, se halla bajo investigación judicial y forma parte de una de las piezas separadas del «caso Brugal». Ese proceso de recisión puede prolongarse durante meses.

Junto a Pineda estuvieron presentes sus homónimos de Dolores, Rojales, y Benferri, entre otros, así como representantes socialistas de Catral y Bigastro. El alcalde de Rafal dijo que ya han surgido «bastantes movimientos en la Vega Baja que están en contra de cómo se ha ido desarrollando todo el plan zonal XVII en la comarca». La participación ciudadana por la que abogan los socialistas pasaría por publicar la consulta en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tras lo cual se iniciaría un proceso de unos tres meses en el que los ciudadanos puedan aportar lo que consideren necesario. Después, esas peticiones irían a una mesa técnica, que haría una valoración y posterior informe para elevarlo al pleno del Consorcio del Plan Zonal de la Vega Baja y determinar «hasta qué punto son viables sus proposiciones».

Un antecedente

En 2008, los entonces representantes socialistas en la junta de gobierno del Consorcio de las basuras dieron su voto favorable a la oferta del plan zonal encabezada por Cespa- Ortiz -el Brugal se investigaba desde 2007- con una planta de residuos en Torremendo, pese a que el PP podía sacar adelante la votación en solitario.