Los ediles y exediles del Partido Popular (PP) imputados por un supuesto delito de prevaricación en la aprobación de facturas con reparos en el Ayuntamiento de Orihuela trasladaron ayer con sus declaraciones ante la jueza y el Ministerio Fiscal que su percepción es que todo el caso podría centrarse en «meras irregularidades administrativa», si la hubiera, pero no un ilícito penal. La concejala y presidenta local del PP, Pepa Ferrando y los exediles Manuel Abadía y Antonio Lidón, miembros de la junta de gobierno en las que se dio el visto bueno a esos abonos en 2008, iniciaron ayer la ronda de declaraciones en el caso que se instruye en el juzgado de Primera Instancia Número 3 de Orihuela mientras que el resto de imputados -un total de 9- lo harán entre hoy y mañana.
El sumario de la denuncia interpuesta en 2009 por la entonces portavoz del PSOE, Antonia Moreno, que ocupa ya siete tomos, recoge la aprobación por parte de la junta de gobierno del PP en el anterior mandato, de pagos por valor de cientos de miles de euros, el 90% en favor de Colsur, propiedad de Ángel Fenoll; sin expediente ni procedimiento de la Ley de Contratos del sector público que los amparase. También se han constatado, según el auto de imputación de la jueza, numerosos procedimientos en los que se fraccionaba el contrato para que no superara el máximo legal que exige un concurso o en los que se daba apariencia de legalidad a la contratación, con la invitación a varias empresas, que luego no la recibían y el trabajo se adjudicaba directamente.
La acusación de la exedil socialista Moreno subrayó ayer que la investigación va mucho más allá de la irregularidad de un procedimiento adjudicado a dedo y con facturas aprobadas en junta de gobierno con el rechazo de los técnicos. Según indicaron a INFORMACIÓN, se trata de que en algunos casos, como el del servicio de recogida de basuras en la Costa, se realizó sin contrato durante 22 años y «sin voluntad de que esa situación cambiara», con lo que el supuesto de prevaricación «es continuado», además del agravante de que desconocer si el trabajo realizado se correspondía con las cantidades reclamaddas por las arcas municipales. Esas facturas cuentan con informes de técnicos que rechazan su abono, pero también con la supervisión de otros que aclaran que los trabajos fueron realizados.
Mucho tiempo
Pepa Ferrando, Manuel Abadía y Antonio Lidón respondieron a muchas de las preguntas de la Fiscalía asegurando que no recordaban algunos de los aspectos por los que se les interrogaba o que había transcurrido mucho tiempo -las aprobaciones se remontan a 2008-. Abadía aseguró que para el caso de del servicio de recogida de basuras en la Costa «creía» que el proveedor, Colsur de Ángel Fenoll, tenía contrato con el Ayuntamiento y que en el momento en el que él las aprobó contaba con una prórroga tácita de ese servicio con el municipio y que no fue advertido de lo contrario por los técnicos. Ferrando respondió a las preguntas de la jueza Rosa María Villegas y el fiscal Anticorrupción Pablo Romero. Su letrado no le formuló preguntas.
La jueza rechazó el viernes los recursos de reforma presentados por dos de los investigados, Antonio Ruiz y Antonio Rodríguez Barberá, y al que se sumarán al resto de imputados en apelación ante la Audiencia. Para ello la jueza, aclara que las diligencias no se abren por una o varias aprobaciones de facturas con reparo sino para esclarecer si la actuación de los ediles fue a sabiendas de su ilegalidad, «contumaz, reiterada y arbitraria». Los resparos, dice, deben ser excepcionales y nunca una actuación continuada en el tiempo, ni consentida por gobierno local o «asentada en la ilegalidad y un ejercicio arbitrario de poder».
