La Fiscalía pide ocho años de prisión para el exalcalde de Bigastro, José Joaquín Moya (PSOE), así como la inhabilitación especial para cargo público por el tiempo de la condena y la inhabilitación absoluta por 18 años para ostentar empleo o cargo público por un supuesto delito de malversación de caudales públicos al supuestamente cobrar, a título personal y a nombre de sus empresas, numerosos pagos con cargo a las arcas municipales sin existir soporte documental alguno que justifique esos abonos.
En un auto de diligencias previas emitido el pasado 14 de julio, el fiscal Pablo Romero también propone la condena de nueve años de inhabilitación especial por un supuesto delito de prevaricación y pide también siete años de prisión al que fuera secretario-interventor del Ayuntamiento de Bigastro, Antonio Saseta, e inhabilitación especial y absoluta por hasta quince años, así como cinco años y medio de prisión a Francoise Manuel Ballester, quien ejerció importantes funciones en el departamento de contabilidad e inhabilitación especial y absoluta por un periodo máximo de ocho años.
En las diligencias previas remitidas al Juzgado de Instrucción Número 3 de Orihuela, el fiscal solicita la apertura de juicio oral a Moya y a los dos funcionarios a celebrar ante la Audiencia Provincial al considerar que Moya, condenado el pasado 20 de junio de 2013 por un delito de prevaricación administrativa, se prevalió de su cargo y ordenó, supuestamente con el propósito de lucrarse ilícitamente, varios pagos sin que existiese «causa, negocio o relación jurídica subyacente para ello». En este sentido, Romero enumera hasta doce pagarés que superan los 118.000 euros y que fueron ingresados entre los años 2004 y 2008 en las cuentas de la mercantil Hotel Vistabella Palace de la que Moya era administrador único así como en la cuenta del propio socialista y en la de la mercantil Vega Baja Medios en la que el exalcalde fue apoderado y socio de la misma.
El fiscal destaca, entre estos pagos, que por orden del acusado, la mercantil Vega Baja Medios ingresó 36.200 euros con cargo al erario público habiendo la empresa declarado a la Agencia Tributaria relaciones comerciales por importe de 9.360,80 euros por lo que Romero concluye que estos efectos cambiarios no se realizaron para fines públicos sino que Moya dispuso de los mismos «como propios para aplicarlos a otros fines ajenos a la función pública». Asimismo, sostiene que el socialista hizo aportaciones por valor de 164.620 euros durante los años 2003 y 2007 y mantuvo relaciones comerciales cuando era alcalde con Vega Baja Medios «pese a ser consciente de lo ilícito de su proceder al actuar en representación del Consistorio y de una empresa privada en el mismo expediente administrativo en el que se acordaban pagos a cuenta por servicios no prestados con cargo a fondos municipales».
Cómplices
Para la Fiscalía, el socialista no podría haber realizado todos estos pagos sin el beneplácito de dos funcionarios. De hecho, indica en el auto que Moya pudo llevar a cabo estas actuaciones gracia sal comportamiento «activo y omisivo» de Antonio Saseta quien también fue condenado el 20 de junio de 2013 por un delito de prevaricación. Romero destaca que el interventor, pese a tener funciones de fiscalización de gastos, «nunca cumplió con su obligación» por eso también le acusa de un delito de malversación de caudales públicos al igual que a Francoise Manuel Ballester, persona que se encargaba del control de las justificaciones documentales de los gastos realizados por el acusado.
Además de las penas de prisión e inhabilitación, el fiscal propone para Moya, por un supuesto delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, la pena de diez meses de multa con una cuota diaria de doce euros. Por otro lado, y por la responsabilidad civil, sostiene que los acusados deberán ser condenados a indemnizar al Ayuntamiento de Bigastro con las cantidades de 218.080,89 por parte del exalcalde y el exinterventor de forma solidaria y de 57.235 por parte del contable.
