La sentencia de ayer inicia un largo y tortuoso proceso que durará años y ante distintos órganos judiciales -primero la Audiencia Provincial y, después, el Tribunal Supremo- para intentar rebatir una resolución que no sólo acarrea una elevadísimas penas de prisión sino también multas y, lo que es más importante, un resarcimiento millonario para la Hacienda Pública. Lo difícil será que cobren cuando este proceso haya acabado, pero todo está por ver. De entrada, la batalla judicial que sigue abierta.

En cualquier caso, Colsur ya no existe y Proambiente sigue en manos de la familia Fenoll, pero ahora Ángel Fenoll está apartado de la dirección y enemistado con los otros cinco socios. De hecho, la mercantil mantuvo ayer una reunión, que no ha trascendido, para analizar el resultado de la sentencia y lo que supone a corto plazo. Nadie quiso hablar. En cualquier caso, la cifra que ayer se barajaba como multa por el fraude fiscal superaba los 12 millones de euros a las cuales los condenados tendrán que hacer frente o, subsidiariamente, sus empresas.

Según la resolución, entre 2002 y 2004 las dos mercantiles ligadas a Ángel Fenoll se beneficiaron al pagar menos en impuestos; concretamente, 4,6 millones de euros, lo que dice bien a las claras lo boyante que eran los negocios. La sentencia asegura que la más beneficiada fue Proambiente, con 2,6 millones de euros menos que ingresó; mientras que en el caso de Colsur esta cifra que no se pagó a las arcas del fiscal fue de 2.070.000 euros.

Y eso pasaba en unos años en los que todo iba viento en popa para ambas mercantiles porque la mitad prácticamente de ayuntamientos de la Vega Baja mantenían conciertos millonarios con ellas por lo que mejor sabían hacer: la recogida y eliminación de las basuras.