Los once trabajadores que fueron despedidos de la Mancomunidad de Promoción Económica de la Vega en 2012 de forma improcedente despedidos improcedente han presentado un escrito en el Juzgado de lo Social Número 3 de Elche para pedir al magistrado que ejecute la sentencia de 2012 que condenó a este organismo a indemnizarlos con 484.369 euros. Para hacer efectivo el pago, los exempleados han solicitado que se ordene el embargo de bienes patrimoniales a 10 ayuntamientos de la Vega Baja, que son los de Benferri, Benijófar, Bigastro, Jacarilla, San Isidro, Los Montesinos, Algorfa, Redován, San Miguel de Salinas y San Fulgencio, y que a la deuda total se sumen otros 161.456 euros para cubrir los intereses y las costas de todo este procedimiento.
La petición fue presentada en los juzgados ilicitanos el 19 de mayo por la abogada que representa a los extrabajadores, Laura Mira. En la relación de hechos se detalla la deuda que la Mancomunidad mantiene con cada uno de los extrabajadores deuda y se solicita la ejecución de varios procedimientos para poder satisfacerla. El primero es el embargo de los saldos en cuentas corrientes, depósitos bancarios o cualquier tipo de crédito que la Mancomunidad posea. El segundo, que se embarguen los créditos pendientes que esos diez ayuntamientos, más el de Benejúzar y el Servicio Valenciano de Formación y Ocupación (Servef), mantengan con este organismo, es decir, que se retenga a esas entidades las cuotas atrasadas que todavía deban a la Mancomunidad. Se estima que las administraciones locales adeudan todavía más de 400.000 euros a este organismo.
La tercera de las medidas propuestas es que se proceda a la averiguación del patrimonio de bienes de la Mancomunidad, que en realidad solo mantiene en propiedad la oficina en la que se localiza su sede, que se compró por 824.077,93 euros y que ahora un perito ha rebajado su valor a tan solo 180.000 euros. Esta propiedad se encuentra embargada por los juzgados debido, precisamente, al impago de las indemnizaciones a los extrabajadores.
La letrada de los exempleados continúa en su escrito formulando una cuarta petición, que es que se acuerde el embargo de bienes de los ayuntamientos en cuantía suficiente hasta cubrir las cantidades reclamadas en la ejecución de sentencia, que suman un total de 645.825 euros. Para ello, piden al juez que solicite a los ayuntamientos una relación de todos sus bienes patrimoniales susceptibles de embargo, así como la relación de créditos que ostente y sus cuentas bancarias.
Once socios
Aunque la Mancomunidad estaba formada por once ayuntamientos, la sentencia judicial que condenó a este organismo a indemnizar a los trabajadores no incluyó al Consistorio de Benejúzar, aunque los afectados recurrieron este hecho para que se tuviera en cuenta. Es por ello que en esta petición de ejecución de sentencia se ha incluido a esta localidad en la lista de las administraciones que pudieran mantener deudas con este organismo con el objetivo de que en ese caso las satisfaga, pero no entre los diez municipios a los que se tendría que embargar bienes patrimoniales, si el juez así lo considera oportuno.
La falta de acuerdo entre los 11 ayuntamientos que acordaron en diciembre de 2011 iniciar los trámites para disolver la entidad ha impedido hasta ahora echar el cierre definitivo y mientras tanto las deudas siguen creciendo, los exempleados continúan sin cobrar sus indemnizaciones y la contabilidad de los últimos ejercicios no cuadra.
Si los responsables del ente no adoptan un acuerdo en breve, quizá será un juez el que escribirá el final de un organismo que está en la más absoluta ruina.
