La finalización de las obras del Proyecto de Reforma Interior (PRI) de Montepinar parece no tener fin. La junta de gobierno tomó ayer conocimiento de la denegación por parte de la Conselleria de Territorio del procedimiento por urgencia de expropiación forzosa para realizar las obras de la red de saneamiento interior en la urbanización. Así lo anunció ayer la portavoz del Partido Popular, Mónica Lorente, quien dijo que a los vecinos de Montepinar les espera un largo periodo de tiempo antes de poder contar con un servicio básico en una reurbanización como es el alcantarillado y su conexión a la red principal de saneamiento y culpó de todo ello al alcalde Monserrate Guillén (Los Verdes) y a los concejales de Urbanismo e Infraestructuras, los socialistas Antonio Zapata y Víctor Ruiz.
Mientras, más de cien familias están sufriendo los embargos del órgano de gestión tributaria Suma por no hacer frente al pago de las cuotas de urbanización que alcanzan los diez millones de euros, las obras siguen sin ver la luz. La propia Lorente dijo que «las calles están abiertas porque no hay red de saneamiento y si las cierran las tendrán que volver a abrir para hacer toda esta infraestructura».
Pacto
Según criticó la popular, no fue hasta diciembre del año pasado cuando el equipo de gobierno solicitó la expropiación forzosa a la Conselleria pese a que las obras comenzaron en mayo de 2012 pero habían sido aprobadas «en la primera junta de gobierno del bipartito, cuando no había aún hecho el pacto de gobierno con CLr-Claro, en 2011». De esta forma, a la concejala le sorprendió la «urgencia» con la que se iniciaron las obras y el retraso que se ha producido con esta solicitud para realizar las de la red de saneamiento ya que el bipartito ha esperado «más de tres años para hacerlo».
En este sentido, Lorente explicó además las razones por las cuales la Conselleria denegó la solicitud y volvió a echar la culpa al equipo de gobierno porque están relacionadas con la falta de consignación presupuestaria para hacer frente al pago de esas expropiaciones y la inexistencia de informes técnicos municipales que avalen la urgencia del procedimiento. Al parecer todos estos trámites los ha realizado la empresa adjudicataria de las obras pero la «Ley exige que también lo haga el Ayuntamiento».
Asimismo, la Conselleria de Territorio critica que tampoco existe acuerdo del órgano colegiado competente para solicitar la expropiación forzosa de terrenos en la urbanización.
En relación a este asunto, este diario intentó sin éxito ponerse en contacto con el alcalde ya que están bajo su responsabilidad estas obras pero la portavoz del gobierno, Carolina Gracia (PSOE), dijo que le parecía «raro» que el Partido Popular haya pasado de la reurbanización de Montepinar durante años «y ahora le interese».
