El juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela (antiguo mixto número 3), dictó el pasado martes un auto por el que da por concluida la fase de diligencias previas en la investigación abierta al alcalde de Callosa de Segura, Javier Pérez, por un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios. En la resolución notificada por la magistrada Rosa María Villegas se da un plazo de diez días a las partes -fiscal y defensa- para que formulen sus escritos; es decir, para sentar en el banquillo al alcalde o bien proceder al archivo de las actuaciones judiciales.

Javier Pérez, se ha mostrado muy tranquilo en relación a este asunto y espera el sobreseimiento libre de las actuaciones. De hecho, manifestó que las diligencias nacen de una petición que realizó para una licencia de obras por el cambio de un transformador en un solar de su propiedad para que fuera de una esquina a otra. El regidor dijo que no le quedó otra que pedirle al Ayuntamiento que dirige esta licencia y, evidentemente, tenía todo el derecho del mundo para obtener el permiso correspondiente si cumplía, como era el caso, todos los pormenores.

La causa se desgajó del caso Brugal hace ahora menos de un mes, cuando la misma magistrada dictaminó el archivo de la pieza denominada «Callosa de Segura» al considerar que los hechos que se derivaban no sólo contra el alcalde, sino contra el concejal de Urbanismo o el empresario Ángel Fenoll, quien es el responsable de la contrata de basuras en el municipio, no reunía los requisitos de delito por lo que, de acuerdo con el Ministerio Fiscal, que no solicitó la continuación del proceso, procedió a su archivo. Ahora bien, de aquel asunto desgajó estas actuaciones que ahora da por conclusas con este auto en el que se tiene que tomar una decisión fundamental.

En el mismo explica que el Ayuntamiento de Callosa ha dictado resoluciones administrativas favorables a una entidad, Procanper, «en beneficio del imputado», durante el tiempo en que ha sido alcalde, cargo que ocupa desde 2003. De hecho, cita varios decretos desde 2007 por el que el concejal de Urbanismo, José Rodríguez, concedió licencia de obra mayor para un edificio de planta baja y cuatro alturas en la calle Francisco Zaragoza a la mercantil. Precisamente el hecho de que este edil tuviera las delegaciones de Urbanismo por mediación del alcalde es lo que a juicio de la magistrada dio lugar a la continuación de las actuaciones. El delito está castigado con penas de multa de 6 a 12 meses y de suspensión de empleo público entre uno y tres años. La decisión de la magistrada es fundamental para saber cuál será el futuro político de Javier Pérez, quien posiblemente opte a la reelección.