La plataforma vecinal Vertivega exigió ayer al Gobierno murciano que «actúe de verdad» y volvió a pedir el cierre «inmediato» de la planta de Proambiente. El Parlamento Europeo instó el pasado mes de abril a las autoridades competentes para llevar a cabo el cierre definitivo del vertedero tras solicitarlo las plataformas antivertedero pero la empresa continúa con su actividad mientras las autoridades españolas no dan el paso.
El colectivo lleva años solicitando el cierre de la planta porque consideran que puede afectar gravemente a la salud de los vecinos de La Murada y de la Vega Baja no solo por las 400.000 toneladas de basura que hay enterradas en fincas agrícolas cercanas a Proambiente (un hecho que está siendo investigado por el Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Orihuela) sino por el afloramiento de lixiviados en la sierra de La Murada que consideran que se pueden haber producido tanto por los enterramientos como por las propias «actividades irregulares» que realiza Proambiente «y que deberían tener un control constante».
En este sentido, el Ayuntamiento de Orihuela también considera que se está haciendo un uso «ilegal» de las instalaciones que tiene la mercantil en suelo oriolano y ha pedido al juez el precinto de las mismas por carecer de licencia y porque se realizan actividades como recogió un informe de la Policía Local. Asimismo, la Conselleria tomó finalmente cartas en el asunto y como dio a conocer INFORMACIÓN, sacó a concurso público el estudio del origen de los líquidos contaminantes que se encuentran en la sierra muradeña.
