El juzgado de Instrucción Número 3 de Orihuela que dirige la magistrada Yolanda Julia Candela ha imputado a la presidenta del Partido Popular de esta ciudad, la concejala Pepa Ferrando, al detectar «evidencias suficientes» de la posible comisión de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y cohecho ante las irregularidades supuestamente perpetradas en la adjudicación de los diferentes servicios y pago de los mismos por el Ayuntamiento de Orihuela para la construcción, instalación y alquiler de mobiliario y otros materiales de los pabellones de Orihuela para la Feria Internacional de Turismo (Fitur) y la Feria de Turismo de la Comunidad Valenciana (FTCV) entre los años 2008 y 2011, cuando Ferrando estaba al frente del área municipal de Turismo.
El juez ha imputado además a un técnico municipal y a otras siete personas que «utilizando diferentes empresas habrían participado en la mecánica de las adjudicaciones irregulares» que se investigan. La denuncia fue registrada por el PSOE y Los Verdes tras tener conocimiento de la existencia de una serie de facturas por servicios prestados sin que estuvieran amparadas por el expediente de contratación que la legislación exige, pues la suma de todos los trabajos en cada ejercicio superaba con creces los 18.000 euros pero, presuntamente, se habrían fraccionado para eludir los cauces preceptivos. Así, las facturas presentadas por un grupo de media docena de mercantiles, siempre las mismas en esos cuatro años y con domicilio social en Vizcaya «responden a un patrón presumiblemente tendente a fraccionar el precio de una única obra y servicio en diversas facturas emitidas por diferentes mercantiles supuestamente para evitar y burlar los principios básicos de contratación administrativa», según se reflejaba en la denuncia que ha motivado la investigación judicial.
«Contrastados»
La juez ha determinado en el auto, fechado el 6 de marzo, que estos hechos «han sido contrastados con la documentación remitida por el Ayuntamiento de Orihuela y, si bien es cierto que no han sido adecuadamente valorados todos los servicios que figuran en las facturas investigadas, no es menos cierto que los que lo han sido reflejan un precio notablemente inferior al que fue satisfecho por el Consistorio, dado que la valoración refleja una cantidad próxima a la mitad del dinero que efectivamente satisfizo el Ayuntamiento por los servicios en cuestión».
El auto continúa que «se ha podido constatar que los servicios en cuestión fueron reclamados por quien, en la fecha de los hechos ostentaba las competencias de Cultura, Turismo y Patrimonio Histórico, Josefina Ferrando García, cuya firma consta en las facturas que se refieren a los servicios cuya supuesta irregular adjudicación, valoración y pago se investigan».
En el auto de la magistrada se incluyen pocos detalles sobre todo este asunto y es muy probable que la investigación continue su curso y que, lejos de centrarse solo en este caso, esté abordando otras ramificaciones supuestamente delictivas que no habrían sido denunciadas.
Pepa Ferrando, el técnico municipal y los otros siete imputados podrán presentar un recurso de reforma contra esta resolución judicial en el plazo de tres días desde que se firmó. La presidenta del PP oriolano declinó ayer hacer declaraciones.
