Pepa Ferrando, presidenta del Partido Popular en Orihuela y candidata a la Alcaldía -para el caso de que prospere una moción de censura que está dilucidándose en los juzgados desde el 3 de enero (y nadie sabe por cuánto tiempo)-, tendrá que declarar como imputada por prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y cohecho por las supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos de material promocional para la Feria Internacional de Turismo (Fitur) y la Feria de Turismo Comunidad Valenciana (FTCV) que hizo durante la pasada legislatura como titular de Turismo. Las diligencias se abrieron a raíz de una denuncia de Los Verdes y el PSOE. El auto se notificó ayer, aunque Pepa Ferrando declinó hacer declaraciones al respecto; de hecho, aseguró desconocer su imputación, algo, en cambio, sí confirmó la dirección del propio PP a INFORMACIÓN. Junto a la presidenta de los populares oriolanos, el juez ha citado a declarar a un técnico municipal y a los responsables de las siete mercantiles que habrían troceado los contratos que se investigan para eludir la legalidad.

Ferrando se enfrenta a varios delitos, entre ellos un supuesto cohecho, y junto a ella tendrán que declarar los responsables de la empresa vizcaína con la que durante años contrató el "merchandising" para promocionar las bondades de Orihuela en Fitur.

Los denunciantes consideran que fraccionó los contratos para eludir cualquier tipo de control evitando verse obligada a realizar una licitación pública. Desde hacía meses se esperaba una resolución del juzgado en este sentido; de hecho, el equipo de gobierno dio a mediados de 2013 una rueda de prensa para dar explicaciones sobre los pormenores de su investigación, algo que fue posible después de que el PP saltara de la alcaldía en junio de 2011 y entrara a gobernar un tripartito que completaba CLr-Claro, formación que asumió con Pedro Mancebo el área de Turismo, donde estaban precisamente estas facturas. Pepa Ferrando ha ganado un enorme peso en el PP desde que en diciembre de 2012 asumiera la presidencia de una agrupación con más de 7.00 afiliados, la segunda más importante de la provincia, y algo que sobrevino después de que Mónica Lorente no pudiera presentarse a la reelección por su imputación en dos asuntos: el caso Escorratel (la adjudicación de las obras de remodelación de una plaza después de su inauguración, precisamente, a la empresa de un familiar político de Ferrando); y del caso Brugal, que investiga supuestas irregularidades en la adjudicacióndel contrato de las basuras.

Es más, desde agosto Ferrando ha encabezado la lista en dos mociones de censura para echar a LosVerdes de la Alcaldía, aunque ambas han fracasado. Ferrando, siguiendo la «ley Fabra» tampoco podría ahora ser candidata por esta imputación.

"Evitar y burlar los principios básicos de la contratación"

La denuncia, encabezada por el alcalde, Monserrate Guillén, decía que cuando llegaron al gobierno municipal (PSOE y Los Verdes) tuvieron conocimiento de la existencia de una serie de facturas por servicios prestados sin que estuvieran amparadas por un expedientes de contratación que la legislación exige para estos casos y que las factuas presentadas por un grupo de media docena de mercantiles, siempre las mismas en esos cuatro años y con domicilio social en Vizcaya, «responden a un patrón presumiblementetendente a fraccionar el precio de una única obra o servicio en diversas facturas emitidas por diferentes mercantiles supuestamente para evitar y burlar los principios básicos de contratación administrativa», se explicaba en el escrito al juzgado.

La suma de todos los trabajos en cada ejercicio superaba con creces los 18.000 euros que la ley establece como límite para que el procedimiento, al menos, tuviera el aval administrativo de un contrato menor. D. P.