Una veintena de integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Torrevieja cuestionaron ayer la expulsión de esta entidad de la coordinadora estatal de las Plataformas de Afectados por la Hipoteca, con sede en Barcelona y de la agrupación autonómica de Valencia. Se ha acusado a la PAH y a sus portavoces locales «sin tener pruebas», aseguran «de cobrar por los servicios (abogacía) que presta, de trabajar en ella para lucrarse con los alquileres sociales, y de quedarse con las subvenciones», tras lo cual, siempre según la PAH de Torrevieja «las coordinadoras han creído estas acusaciones y nos han expulsado, sin explicaciones y sin dejar defendernos, cuando cumplimos todos los requisitos».
Estos hechos fueron ayer rotundamente negados por componentes de la PAH de Torrevieja, que además salió en defensa de sus habituales portavoces, Antonio Padilla y Desiré Montero «por habernos ayudado altruístamente durante los últimos tres años», reconociendo que sin ellos estarían «en la calle». La plataforma reclamó «explicaciones públicas, así como una reunión con las dos coordinadoras».
Para aclarar los motivos de esta controversia explicaron que «todo surge a raíz de una antigua componente de esta PAH, que se marchó disgustada, y tras lo cual hemos recibido ataques de la PAH de Orihuela, Guardamar y de la de Almoradí, así como de gente del entorno de IU. Tenemos las pruebas». Las mismas fuentes concretaron que han interpuesto una querella criminal por injurias y calumnias contra los autores de estas acusaciones. Según continuaron relatando «hay plataformas como Orihuela y Guardamar que no ayudan a nadie. Hemos ayudado a muchas familias, hemos puesto en marcha un banco de alimentos y un proyecto para alimentar escolares y estas acusaciones ponen en peligro este trabajo», mantuvieron.
