La gerencia de la planta de gestión de residuos Abornasa, en Crevillent, ha enviado misivas a varios ayuntamientos de la Vega Baja que tratan allí sus desechos para exigirles que «con carácter urgente» remitan documentación que avale que son ellos los responsables de las basuras que se tratan cada día en sus instalaciones puesto que hasta ahora no tienen rubricado ningún acuerdo. La mercantil quiere asegurarse de que todo el proceso se ajusta a la legalidad para prevenir posibles perjuicios en caso de que el Consorcio rescinda el contrato con la adjudicataria del Plan Zonal, la UTE Cespa-Ortiz, y la situación acabe en los tribunales.
En la carta enviada al Ayuntamiento de Rafal el 7 de enero, Abornasa repasa los últimos acontecimientos registrados en el marco del Plan Zonal para justificar su nueva política de actuación. Así, expone que Cespa-Ortiz, como Agente de Servicio Público de las Basuras de la Vega, envió a la empresa crevillentina el 9 de diciembre de 2013 una comunicación informando del inicio de la solución transitoria, que trataba de ordenar la eliminación de los residuos hasta que la comarca contara con un vertedero propio. En dicha carta le detallaba los pueblos que comenzarían a llevar allí sus desperdicios de forma temporal, como consecuencia de la falta de la planta de transferencia proyectada en Cox.
El mismo documento recuerda que un día después, la presidenta de la Diputación y del Consorcio, Luisa Pastor, firmó un decreto en el que rechazaba la puesta en marcha de la solución transitoria diseñada por la UTE, y continúa que, el día 30 de ese mismo mes, Cespa-Ortiz presentó un recurso de reposición contra el decreto de Pastor.
Fuentes de Abornasa señalaron ayer que la complicada situación en la que se encuentra el Plan Zonal no brinda «ninguna garantía jurídica a la empresa». Muchos de los ayuntamientos que derivan allí sus basuras la llevaban hasta hace unos meses al vertedero de Proambiente, en La Murada, pero el cierre de esa planta obligó al propietario de Sirem, Ángel Fenoll, -que gestiona más de la mitad de las contratas en la comarca- a derivar los residuos a otras plantas, principalmente a la de Crevillent. No obstante, desde Abornasa señalan que son las administraciones locales, y no Sirem, las responsables de dichos residuos, por ello tienen que acreditar que autorizan que su basura sea tratada en Crevillent.
Contrato
Cabe destacar que esta situación atañe a los consistorios que no tenían un contrato con Abornasa previo al desarrollo del Plan Zonal, puesto que la mercantil sí continuará dando servicio a las administraciones locales que tenían un acuerdo rubricado con antelación, independientemente de los nuevos acontecimientos que se desarrollen.
Esta rocambolesca situación, y la tardanza de Luisa Pastor en convocar al Consorcio para abordar todo este asunto, sigue manteniendo a los socialistas de la comarca en pie de guerra. Su secretario general en la Vega, Manolo Pineda, advertía esta semana que si no llega a una solución en breve, los ayuntamientos se pueden encontrar con el grave problema de no saber a dónde llevar los desechos y que la situación colapse la comarca. Y ese en un temor que también comparten muchos de los alcaldes del PP.
