El concejal de Alternativa Popular Domingo Soler irá a juicio imputado por calumnias acusado de supuestas calumnias realizadas en rueda de Prensa contra el teniente de alcalde y diputado provincial, Joaquín Albaladejo (PP). La Audiencia acaba de denegar el recurso que había presentado el edil independiente para evitar sentarse en el banquillo. Los magistrados de la Audiencia entienden que el fondo de la cuestión, que es en la que basa su recurso la defensa de Soler, debe abordarse en el propio acto del juicio y que existen indicios de criminalidad para que el asunto sea juzgado sin más diligencias y sin contemplar su archivo.

El auto, fechado el 24 de enero, el pasado viernes, realizado por los magistrados José de Madaria, Francesca Martínez y Jose Luis Preciado, dice que el auto de procedimiento abreviado, por el que se lleva el asunto a juicio, está razonado y que basta para la imputación, «indicios racionales de criminalidad»

De hecho, el Juzgado de Lo Penal 2 de Torrevieja ha fijado para el 16 de junio de 2014, como avanzó este diario, la vista en la que se sentará en el banquillo el portavoz de Alternativa Popular. Soler acusó el 26 de abril y el 29 de junio de 2011 a Albaladejo -quien fue director de la campaña electoral del PP- de «realizar prácticas mafiosas para impedir que los torrevejenses se expresaran en libertad», además de asegurar que «no tenía empacho de tener ingresos atípicos de aproximadamente 400.000 euros los últimos cuatro años aprovechándose de su condición de cargo público». La juez, tras escuchar la declaración de Soler, que se mantuvo en sus acusaciones, apreció indicios de delito por calumnias al igual que el fiscal, que considera que esas manifestaciones «menoscaban el honor y la integridad moral de Albaladejo» y destacaba la difusión que se le dio.

El fiscal añadió en su calificación, que las declaraciones de Soler contra Albaladejo son constitutivas de un delito continuado de calumnias y le pedía una pena multa de 20 meses a 6 euros el día (3.600 euros) y una indemnización en favor de éste de 20.000 euros por daños morales, diez mil menos de los que reclamaba el querellante en su escrito de acusación.