El gobierno de la Generalitat Valenciana no apoyará las pretensiones de los alcaldes del Partido Popular (PP) de la Vega Baja de rescindir el contrato de adjudicación del Plan Zonal a la UTE Cespa-Ortiz y votará en contra de estudiar esta propuesta en la próxima reunión del Consorcio de Residuos. Fuentes del Consell vaticinan que en caso de que se haga efectivo dicho planteamiento, los Ayuntamientos se enfrentarán con toda probabilidad al pago de una indemnización millonaria y adelantan que el gobierno autonómico no aportará ni un solo euro para sufragarla.
El director general de Calidad Ambiental de la Generalitat, Vicente Tejedo, valoró ayer en declaraciones a INFORMACIÓN que romper ahora el contrato con Cespa-Ortiz es «una barbaridad» desde el punto de vista jurídico y avanzó que el Consell solicitará informes previos para calibrar las «consecuencias terriblemente graves» de esta decisión, que recaerían exclusivamente sobre los 27 ayuntamientos de la Vega Baja.
Tejedo señaló que hasta ahora nadie ha trasladado al Consell de forma oficial las intenciones de los regidores populares de la comarca de rescindir el contrato y aseguró que el gobierno valenciano solo ha conocido este propósito a través de lo publicado en los medios de comunicación. El alto cargo de la Generalitat reconoció que los alcaldes de la comarca tienen la mayoría de votos en el Consorcio (un 60%) frente al 15% de la Diputación y el 25% del Consell, por lo que la decisión que finalmente se adopte será la que quieran los regidores, que tendrán que ser «consecuentes con sus actos».
«El contrato se puede rescindir, pero la empresa está en pleno derecho de reclamar y por el capricho de algunos alcaldes la comarca se puede enfrentar a una indemnización millonaria», continuó. Vicente Tejedo se mostró extrañado de que todavía no se haya convocado una reunión urgente del Consorcio de Residuos para abordar los últimos acontecimientos con respecto a la puesta en marcha del Plan Zonal e insistió que, aunque no se le ha comunicado nada de forma oficial, la Generalitat está totalmente en contra de que se rompa el contrato con Cespa-Ortiz.
Parálisis
Ordenar la eliminación de los residuos en el sur alicantino y habilitar un vertedero para su tratamiento se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para el Consell, que teme que el plan para ordenar las basuras vuelva a saltar de nuevo por los aires y que su puesta en marcha se retrase todavía más, teniendo en cuenta que ha estado paralizado varios años por la investigación judicial del caso Brugal. La negativa de los alcaldes de la comarca a acatar la solución transitoria para eliminar los residuos hasta que estuviera habilitado el macrovertedero proyectado en Albatera, que traía consigo un importante aumento de costes, ha sentado como un jarro de agua fría en Valencia, desde donde se observa con perplejidad la imposibilidad de poner orden en la única comarca que sigue sin contar con un Plan Zonal.
