El secretario del Ayuntamiento de Orihuela, Virgilio Estremera, emitió ayer un informe que determina que, «a su juicio», se cumplen todos los requisitos legales para que la corporación municipal celebre hoy viernes, tal y como estaba previsto, la sesión plenaria que abordará la moción de censura presentada por el PP y los dos ediles liberales de CLr -Pedro Mancebo y Juan Ignacio López-Bas- al regidor de la ciudad, Monserrate Guillén (Los Verdes).
El fedatario considera en su escrito que no se ha podido acreditar documentalmente que la coalición CLr-Claro haya expulsado legalmente a Mancebo y López-Bas de sus filas y que, por tanto, no los puede considerar concejales no adscritos. No obstante, Estremera concluye que será la Mesa de Edad, presidida por el edil inglés Bob Houliston, el órgano encargado de comprobar en el pleno si, efectivamente, se mantienen las premisas legales para que se pueda votar el cambio de gobierno. Houliston ha reiterado públicamente que considera que no se dan.
El informe del secretario del Consistorio de Orihuela resume a lo largo de 25 páginas la historia del tercer intento del PP local de arrebatar la vara de mando al regidor ecologista, que llegó a la alcaldía tras las elecciones de 2011. El documento comienza remontándose al 20 de diciembre de 2013, cuando 14 concejales oriolanos (12 del PP y dos del grupo CLr-Claro) presentaron el documento de la moción de censura en Secretaría. Ese día quedó fijada de forma automática la fecha en la que se celebraría el pleno para votar la propuesta que, de prosperar, auparía a la Alcaldía a la popular Pepa Ferrando. Sería el 3 de enero.
Recuerda que, seis días más tarde, el secretario de la junta directiva de la coalición electoral CLr-Claro, Houliston, informó al alcalde y al secretario que Mancebo y López Bas, firmantes de la moción de censura, habían sido expulsados de la citada coalición y que pasaban a ser concejales no adscritos, es decir que, a su juicio, su firma yo no era válida para desbancar a Guillén de la Alcaldía. Los dos ediles liberales no reconocieron dicha expulsión al considerar que no siguió los trámites oportunos y el secretario pidió entonces más documentación al inglés para acreditar ese asunto, unos informes que presentó a primera hora de ayer jueves.
Subjetivo
Dirimir si Mancebo y López-Bas son concejales adscritos o no adscritos, es decir, si pueden o no impulsar la moción de censura al ecologista, ha sido el principal cometido del secretario municipal en este extenso informe que, aunque es preceptivo, emplea todo tipo de fórmulas subjetivas del tipo «a mi juicio»; «en mi opinión» o «según mi interpretación».
Así, el funcionario determina que él «no es competente para analizar en profundidad el procedimiento de expulsión» de sendos concejales de la coalición electoral Clr-Claro y aduce además que «la Ley de Régimen Local Valenciano no me obliga a ello en ningún caso».
Determina también que la documentación que justifica que la coalición envió correos electrónicos a los dos concejales liberales para notificarles su expulsión no prueba que estos los recibieran. Indica que él «no es competente para decidir» si esa notificación se efectuó correctamente y añade que, en su caso, deberá decidirlo una autoridad judicial.
Expone también que su papel ha sido sólo el de comprobar ciertos requisitos mínimos que justificaran que las expulsiones se habían realizado correctamente y que, en su opinión, la edil Mayoral y Houliston no han conseguido justificarlo, aunque no por ello pone en tela de juicio que el proceso fuera irregular.
La Mesa de Edad, integrada por dos personas, es la que dirige el pleno en casos de moción de censura, según la legislación. Así las cosas, será Bob Houliston (78 años), que además tendrá voto de calidad y que comparte la Mesa de Edad con la edil socialista Carolina Gracia, como la más joven, tendrá hoy la última palabra sobre si se realiza la votación y, por extensión, la investidura de Pepa Ferrando (PP).
Nadie sabe exactamente qué sucederá en la sesión convocada a las 12 horas, pero lo que sí parecen tener todos claro es que, prospere o no la censura al ecologista, el asunto acabará en los tribunales, bien por impedir la votación, bien por permitir que votaran dos concejales supuestamente no adscritos.
