El adjudicatario del Plan Zonal de la Vega Baja, la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Cespa-Ortiz, ha pedido una revisión de los precios que planteaba por la eliminación de las basuras durante la fase transitoria del proceso que se iniciará cuando se apruebe su proyecto de gestión y hasta que abra la planta comarcal en el municipio de Albatera (247.000 toneladas anuales, según las previsiones del Consorcio). La propuesta de la UTE pasa por aumentar la cuantía que percibiría por cada tonelada que se elimine y gracias a la colaboración con las plantas de residuos de Abornasa, Villena, Xixona, Elche, Alicante y hasta Murcia, con las cuales se ha llegado a un principio de acuerdo -con la mediación del Consorcio- para, precisamente, resolver la situación actual en la cual no hay dónde echar más de la mitad de las basuras que genera la Vega Baja. Cespa-Ortiz ha presentado los precios que se cobrarán en cada uno de esos vertederos y el modelo de gestión que ha diseñado después de que Luisa Pastor le diera plenos poderes para ello hace un par de meses, ante el conflicto que se había planteado por el cierre de Abornasa a los municipios de media comarca por falta de capacidad para el tratamiento y por haber excedido prácticamente los límites que tenía autorizados.
La petición al respecto se presentó el pasado lunes y la presidenta del organismo, Luisa Pastor, ha convocado a la comisión técnica para resolver este problema y otros que se plantean en el documento y que, a priori, son de difícil solución. El que más llama la atención es la admisión por parte de la UTE de su imposibilidad de cumplir los plazos fijados, por los cuales tenía que estar en marcha a comienzos de 2014 la planta de transferencia en el municipio de Cox, concretamente, en el polígono industrial Virgen del Carmen, que fue el que planteó la adjudicataria en su oferta y fue aceptado.
Acuerdos
Y le es imposible de cumplir porque admite que allí ni le venden ni le alquilan suelo, además del rechazo frontal del Ayuntamiento de Cox (y el de Granja de Rocamora, pues está más cerca de las viviendas de éste) a la instalación con acuerdos plenarios en los que se declaran libres de residuos y que han sido recurridos por la propia mercantil pero que anuncian una solución a largo plazo a la espera de lo que resuelvan los tribunales. Ante esta situación, plantea la suspensión de los plazos del contrato y que la administración proceda a la expropiación de los terrenos. Ahora bien, ¿qué administración, la Diputación o la Generalitat Valenciana? De hecho, fuentes del organismo provincial, ayer, a preguntas de INFORMACIÓN, negaron taxativamente que estén dispuestos a iniciar un procedimiento de este tipo para satisfacer al adjudicatario en sus pretensiones de obtener el suelo. Esta es otra cuestión sobre la que tendrá que pronunciarse la comisión técnica.
Lejos de pensar que la UTE busca una solución para liquidar el contrato al darse cuenta de cómo se le van acumulando los problemas desde que afianzó 1,9 millones de euros hace medio año como aval para perfeccionar el contrato, la realidad es muy distinta porque pretende gestionar cualquier planta transitoria añadida que se plantee, como sería el caso de una situada en Torrevieja o Pilar de la Horadada, algo que ya ha hecho saber al Consorcio para que no los deje de lado de cualquier posibilidad.
