Dos meses después de que el alcalde, Monserrate Guillén, anunciara que habrá presupuestos en 2014 y que las concejalías habían comenzado a elaborar sus proyectos, la realidad es que todo está parado a la espera de que se encuentre una solución «feliz» que evite al equipo de gobierno en minoría (PSOE y Los Verdes) pasar por el tamiz de la Comisión de Hacienda -que preside Mónica Lorente (PP)- y que tendría vía libre para una modificación de cualquier partida por encima de las directrices políticas que quiera marcar el equipo de gobierno.
Guillén está jugando estos días una partida de ajedrez con los otros ocho concejales del equipo de gobierno a la espera de una salida que no le estrangule más su capacidad de gestión y a lo que más le teme probablemente, es a que el PP le quite los asesores, algunos de los cuales están haciendo prácticamente tareas de ediles para suplir las carencias de nueve gobernantes en una ciudad que debería tener, al menos, trece (la mayoría) y que comenzó la legislatura con quince (gracias a los dos no electos, Pablo Vidal y Ana Mas, quienes desaparecieron tras una sentencia del Constitucional).
Lo que parece claro ya es que Orihuela no comenzará 2014 con presupuestos en vigor; es decir, que aunque se aprobaran en el menor tiempo posible, los plazos que marca la legislación harían imposible que el 1 de enero se pudiera abonar una sola de las facturas que se firmase y estas, evidentemente, comenzarían a esperar en un cajón a expensas de la aprobación de las cuentas. Varias fuentes consultadas por el periódico cifraron entre dos y tres meses el periodo a contar para su aprobación desde que Guillén dé el paso inicial: la presentación a la Comisión de Hacienda por lo farragoso y complejo que es este sistema, pero eso está muy lejos de llegar. De hecho, los ayuntamientos tienen la recomendación expresa de aprobar en sesiones plenarias los presupuestos en octubre para tener por delante dos meses y medio hasta su aprobación definitiva y publicación y esa es un consejo que se hace a municipios en los que se gobierna con mayoría; es decir, cuando todo debe ir sobre ruedas.
La complejidad jurídica que rodea la aprobación de las cuentas en Orihuela es increíble porque el bipartito está a la espera de un informe jurídico que les pueda dar la razón -Guillén ya lo logró para evitar debatir el sueldo de los asesores a comienzos de año y el fiscal ha pedido recientemente que se le archive la denuncia que le presentó el grupo municipal popular y sin necesidad tan siquiera de pasar por el trago de verse imputado-.
El alcalde, en un primer momento, desea saber hasta qué punto el PP puede, en esa comisión de Hacienda que controla la oposición, modificar su proyecto de gestión para 2014. También pretende conocer si es posible eludir este trámite de la comisión con base en que el mismo se creó dentro de un nuevo reglamento -elaborado por la concejala Asun Mayoral y respaldado por el PP- para lo cual tendrían que poner en duda probablemente su legalidad. Es decir, si un alcalde que, según ley, es la persona que tiene que presentar al pleno los presupuestos puede permitir que terceros (el PP) se los enmiende, sin estar él de acuerdo, y viéndose en la obligación legal de presentarlos ante el pleno para su aprobación.
