El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha citado el próximo lunes al exalcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, para hacer entrega del mandamiento de ingreso en un centro penitenciario en cumplimiento de la sentencia que le condenó a tres años de prisión por amañar el concurso de las basuras, según se consideran hechos probados de la resolución.
El exregidor tiene de plazo hasta esa fecha, el 18 de noviembre, para presentar una petición de indulto y solicitar la suspensión cautelar de la misma. A día de hoy, Hernández Mateo no ha hecho público si pretende cumplir la condena aunque antes, durante y después del juicio ha repetido que se considera inocente por lo que es más que probable que pida la medida de gracia que, de admitirse, se tramitaría ante el Ministerio del Interior.
En cualquier caso, la iniciativa popular abierta por su familia y secundada por ediles y exediles del Partido Popular para recabar el mayor número de sufragios sería el principal aval para evitar la cárcel, mucho más que lo que él a título personal pueda alegar y eso es algo que saben sus abogados.
En el caso de presentarse la petición de aquí al lunes, el TSJ tiene que notificar al resto de partes personadas en el proceso (fiscalía y acusación particular, representada por Los Verdes de Torrevieja) la iniciativa para que digan cuál es su parecer para, entonces, resolver en dos sentidos. Por un lado, para admitirla a trámite o no y, por el otro, para decidir en el primero de los casos si acuerda o no la suspensión.
Al tratarse de una pena de tres años de cárcel las fuentes jurídicas consultadas por este periódico coincidieron en que se daría uno de los requisitos principales: es una pena relativamente corta; otras fuentes aseguraron que siendo un político es posible que no se le dé. En cualquier caso, todo este proceso se llevará lo que resta de año; es decir, la resolución final no llegaría hasta después de Navidad.
El acto del lunes en el TSJ tendrá más significados porque Hernández Mateo, presente o no petición de indulto, debe afianzar la multa que se le impuso de 10.500 euros y pagar los 12.000 euros al Ayuntamiento de Torrevieja que costaron aquel informe a una asesoría jurídica externa que, según la sentencia, falsificó y que le supuso los tres años de prisión.
Igualmente, a partir del lunes comenzaría a cumplirse la pena de inhabilitación de aquella sentencia; en concreto, nueve años de inhabilitación para cargo público (7 años por prevaricación y dos por el de falsificación), aunque está apartado de la vida pública.
En el mismo auto se acuerda la devolución a José Manuel Dolón, de Los Verdes, los 6.000 euros que tuvieron que poner como fianza para ser parte en este proceso.
