Los concejales del equipo de gobierno del PP han gastado 44 millones de euros al margen de la partidas contempladas en los presupuestos para abonar servicios en los últimos cuatro años, entre 2009 y 2012. Estas «facturas en el cajón», como las calificó la oposición en el pleno ayer, son la principal razón de las desviación presupuestaria que ha hecho necesario la elaboración de un plan de saneamiento aprobado ayer con los votos a favor del PP y el rechazo del PSOE, APTCe y Los Verdes. Se trata de gastos que no tenían consignación y que, por lo tanto, se pagan a través de la modificaciones extrajudiciales de crédito.
El informe de la interventora sobre este aspecto de las cuentas dice que la «reiterada aparición de acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto» es causa fundamental de la desviación presupuestaria. El gobierno local ha gastado una media de 11 millones de euros fuera de lo presupuestado.
El edil de Hacienda, Joaquín Albaladejo, defendió su gestión comparando la situación del Ayuntamiento con la de otros municipios que han tenido que recurrir a un nuevo plan de pagos a proveedores y que en el caso de la administración torrevejense no ha sido necesario porque no existían cuentas pendientes anteriores a mayo de 2012. El PSOE dijo que ese aspecto de la contabilidad municipal era positivo pero se preguntó por qué el pago de expropiaciones pendientes a particulares -28 millones de euros- no se ha realizado mediante esta fórmula, lo que hubiera ahorrado al Ayuntamiento el abono de cinco millones en intereses y garantizado un pago inmediato a los afectados que, en algunos casos, llevan décadas reclamándolo. Albaladejo no respondió a esta cuestión. Sí dijo que las reclamaciones totales de los expropiados ascendían inicialmente a 95 millones de euros y que ahora se han reducido a esos 28 millones.
Alquileres
En este sentido, el pleno aprobó dos modificaciones de crédito para este año con las que se abonará 9 millones de euros del pago de expropiaciones y se financiará, la ampliación del edificio del Ayuntamiento, con la demolición de las casas plantas bajas anexas y presupuestado en 485.000 euros, como avanzó este diario. Antonio Ruiz (PSOE) y el portavoz de APTCe, Domingo Soler, se congratularon de que el PP les diera la razón al optar por una ampliación que concentrará las sedes de servicios municipales que ahora generan un gran coste. Soler señaló que el municipio ha abandonado la idea de realizar un nuevo Ayuntamiento en el «relleno» portuario, que opta ahora por ejecutar «una cagaíca» para ampliarlo y que «dejará en obras (el PP) mientras llega un nuevo gobierno».
En una sesión centrada en cuestiones económicas, Los Verdes cuestionó que el alcalde, Eduardo Dolón, oculte el desglose del gasto anual que realiza el Ayuntamiento para abonar las indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados que reciben los concejales que no tienen dedicación exclusiva por acudir a comisiones, juntas de gobierno y plenos. Según el edil ecologista José Hurtado se ha preguntado expresamente por este desglose y se les ha remitido a la liquidación de la cuenta general donde no aparece.
